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Piden antejuicio contra presidente Jimmy Morales

El Ministerio Público solicitó ayer quitar la protección de funcionario a Morales y así proceder con la investigación sobre el presunto financiamiento ilícito de su campaña en 2015.
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La Fiscalía pidió ayer retirar la inmunidad del presidente de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, para que pueda ser investigado por un presunto delito de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó a ser gobernante en 2015.

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“Se ha formado un expediente acerca de la posible comisión de hechos que podrían dar lugar a formación de causa por su actuación como secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación)”, dijo el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.

Morales, en su calidad de secretario y representante legal del partido durante 2015 y hasta el 9 de enero de 2016, “impidió al Tribunal Supremo Electoral y a la ciudadanía que se conociera la identidad de los financistas que contribuyeron a su campaña”, lo que puede constituir un delito de financiamiento anónimo, porque no presentó los informes correspondientes, explicó Velásquez.

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El titular de la CICIG, que dio el anuncio junto a la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, dijo que en la investigación preliminar no se ha “violentado” el derecho a antejuicio del que goza el mandatario por su puesto.

Añadió que los primeros indicios advierten que el partido de Gobierno, FCN-Nación, “pudo haber recibido contribuciones anónimas y no registrarlas”.

Reiteró que correspondía al secretario general “la entrega oportuna de los informes y soportes contables establecidos para transparentar el proceso electoral y permitir el conocimiento público sobre el origen, cuantía y destino” de los fondos.

El 9 de enero de 2016 el Comité Ejecutivo Nacional del FCN-Nación conoció la renuncia de Morales como secretario general del partido, al argumentar que el 14 de enero de ese año asumiría la Presidencia de la República.

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Su lugar lo asumió Édgar Ovalle, quien intentó aclarar todas las dudas sobre el tema de financiación este año, pero ahora está prófugo de la justicia por un supuesto caso de desapariciones forzadas durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996).

El partido oficial de Morales tenía la obligación de presentar informes, estados bancarios y anexos que reflejaran los ingresos y egresos durante la campaña electoral, identificando las transacciones y el origen de los fondos.

La fiscal general recordó ayer que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) buscó auditar a la formación, pero los responsables del partido “incumplieron con sus obligaciones de rendición de cuentas”, “impidiendo de esta manera la fiscalización de sus actividades de campaña”.

Entre las irregularidades detectadas hay datos “erróneos”, no se identifica a los financistas, los informes están incompletos, otros se “ocultaron” y siempre hubo “negativa de facilitar revisión de soportes contables”, dijo la fiscal general.

La encargada de contabilidad en el partido, Ana Gloria Josefina Pérez, aseguró a la Fiscalía que los meses que no presentó informes era porque el partido no le entregaba la información necesaria. Es así como las autoridades investigan varias “transacciones sospechosas” además de 7.6 millones de quetzales ($1.1 millón) “como mínimo” no registrados, correspondientes a depósitos o pago de gastos de fuentes de financiamiento “no identificadas”.

La Presidencia de Guatemala estableció en un comunicado que Morales confían en la “objetividad de la justicia”.
 

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