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Piden destitución de ministro del Interior y director de Policía en Guatemala

Los acusan de "criminalizar la legítima manifestación ciudadana" del sábado", entre otras cosas.

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La manifestación pacífica en contra del Gobierno y del Congreso y que asemejó en magnitud a la registrada siete días atrás.

La manifestación pacífica en contra del Gobierno y del Congreso y que asemejó en magnitud a la registrada siete días atrás.

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El jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, Jordán Rodas, insistió este domingo con la petición de remoción del ministro de Gobernación (Interior), Gendri Reyes, a quien además señaló de "querer responsabilizar" a la PDH de la "ineficiencia" de la fuerza pública.

Rodas lamentó que el Ministerio de Interior "use el vandalismo para justificar la persecución contra periodistas y defensores de derechos humanos", además de "criminalizar la legítima manifestación ciudadana" del sábado, que sumó más de 7.000 personas que protestaron de forma pacífica hasta que un grupo de infiltrados y encapuchados quemó un bus y agredió a la policía y personal de la PDH.

El ombudsman recomendó al presidente, Alejandro Giammattei, también destituir al director general de la Policía Nacional Civil (PNC), José Tzubán, porque "una vez más faltaron a su deber de garantizar los derechos humanos y la integridad de las personas que manifestaron pacíficamente", pronunció.

También instó al Ministerio Público (Fiscalía) a realizar "una exhaustiva y diligente investigación de los hechos" ocurridos anoche, por la quema del bus, la inacción policial y la agresión contra al menos cinco periodistas, tres trabajadores de la PDH y algunos agentes de la Policía.

LA PRESIÓN AL OMBUDSMAN

Además, le pidió al presidente del Congreso, Allan Rodríguez, que dirija "sus solicitudes de garantizar la seguridad ciudadana y el resguardo de los bienes privados y públicos al ministro de Gobernación y al director general de la PNC, pues estas funciones no son competencia de la PDH".

Rodas se refirió así a la publicación en redes sociales que hizo el presidente del Congreso a las 18.48 hora local del sábado en la que solicitó "la intervención del procurador de los Derechos Humanos para garantizar los derechos de todos los guatemaltecos, incluyendo a los agentes de la PNC".

La PDH, sin embargo, se encontraba en el parque central como parte de su labor para registrar los hechos y documentar las posibles violaciones a los derechos humanos.

El propio ministro de Gobernación, Gendri Reyes, envió un oficio al ombudsman, cuyo documento fue recibido por la PDH un minuto antes de la publicación del presidente legislativo, en el que instaba a la PDH a su "urgente intervención" para realizar "la verificación y mediación" de los enfrentamientos de supuestos infiltrados con agentes policiales y de la quema del autobús.

Además, una hora antes del documento firmado por Reyes dirigido al ombudsman, el Gobierno de Guatemala también emitió un comunicado que solicitaba la "oportuna intervención del procurador de los DD.HH.", debido a que este había interpuesto un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que la fuerza pública garantizara la libre manifestación, locomoción y seguridad ciudadana.

"Es perverso querer responsabilizar a la PDH por la ineficiencia de fuerzas de seguridad", subrayó Rodas en su pronunciamiento.

DE NUEVO INFILTRADOS

La manifestación pacífica en contra del Gobierno y del Congreso y que asemejó en magnitud a la registrada siete días atrás, concluyó con la quema de un autobús por supuestos infiltrados y enfrentamientos de estos con policías desarmados y con agentes antidisturbios.

La fuerza pública, por su parte, destacó esta mañana las capturas de presuntos responsables de la quema del autobús y de los actos vandálicos en las calles del centro histórico de la Ciudad de Guatemala.

La oposición al Gobierno y al Congreso comenzó el pasado 18 de noviembre, cuando el oficialismo aprobó esa madrugada un paquete presupuestario señalado por expertos y analistas como "opaco" y a deshoras, que privilegiaba la construcción de infraestructura por sobre la inversión en salud y programas sociales.

El vicepresidente, Guillermo Castillo, se sumó al repudio del presupuesto y pidió, incluso, la renuncia en conjunto con la del mandatario porque "las cosas no están bien" en el país.

Una semana después de esa aprobación y de la masiva manifestación del sábado 21, en la que encapuchados quemaron parte de las oficinas del Congreso, continúa la presión contra Giammattei, la junta directiva del Legislativo y la cuestionada acción policial, primero por exceso de fuerza y luego por su inacción.

En el país centroamericano se encuentra, además, una misión de la Organización de Estados Americanos entre el jueves y el próximo martes, enviada por su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, a pedido de Giammattei para verificar la crisis política y social y el supuesto intento de golpe de Estado en su contra. 

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