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Policía de Nicaragua registra, asalta y saquea medios de prensa y varias ONG

"En las últimas semanas ha habido un incremento notable del hostigamiento de parte de las fuerzas policiales a miembros de ONG y a medios de prensa", dijo Ana María Tello, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Nicaragua.

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Foto Twitter @confidencial_ni

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El periodista Carlos Fernando Chamorro denunció que policías entraron por la fuerza a las oficinas del Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), de donde "se llevaron ilegalmente documentos y todas las computadoras y equipos".

Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Barrios (1990-1997), agregó que simultáneamente fueron registradas sin orden judicial las empresas Invermedia y Promedia, dueñas de medios de comunicación que él dirige (Confidencial, Esta Semana y Esta Noche), pese a que estas dos entidades funcionan legalmente en el país.

"Este es un ataque demencial contra la libertad de prensa en Nicaragua", dijo el periodista. "Yo acuso al jefe supremo de la Policía, el dictador Daniel Ortega, como el único responsable de este asalto brutal contra la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua", añadió.

Allanamientos a ONG

La Policía de Nicaragua también asaltó y saqueó en operativos nocturnos simultáneos varias organizaciones no gubernamentales (ONG) a las que el Parlamento les había cancelado sus permisos legales de operación en los últimos días, denunciaron hoy sus directivos.

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh, independiente), afirmó que policías "allanaron [registraron] violentamente" la sede de esa entidad en Managua y capturaron por varias horas al vigilante, identificado como José Morales.

"Como vulgares ladrones, se metieron por el techo anoche al Cenidh y se han tomado las instalaciones", afirmó Núñez a periodistas. Agregó que el vigilante "fue amarrado y golpeado" por los policías.

Asimismo se reportaron registros policiales nocturnos de las sedes de las ONG Popol Na, Instituto para la Democracia (IPADE), Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILSS) y Fundación del Río, estos últimos ubicados en las ciudades de Ocotal (norte) y San Carlos (sur) respectivamente.

Con respecto a la Popol Na, "la Policía orteguista destruyó los portones y allanó salvajemente nuestro edificio sin orden judicial. Agredieron a las madres de presos políticos que se alojaban ahí, golpearon a nuestro vigilante y se robaron sus celulares", indicó un comunicado de la entidad, que dirige la abogada Mónica López, exiliada en Costa Rica.

Además, "se robaron los vehículos institucionales y privados, las computadoras y papelería de nuestra institución, e irrumpieron en oficinas de organismos internacionales que alquilan" en el mismo complejo, señaló el informe.

"Incremento notable del hostigamiento"

La representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el país, Ana María Tello, se presentó hoy en las oficinas de Chamorro para conocer la situación. "Esta es una clara violación al derecho de asociación y a libertad de expresión", dijo Tello.

"En las últimas semanas ha habido un incremento notable del hostigamiento de parte de las fuerzas policiales a miembros de ONG y a medios de prensa", aseveró.

Esto ocurre mientras se espera la llegada este viernes al país de la representante para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Marlene Alejos, quien se reunirá con el canciller Denis Moncada.

El retiro de los permisos a las ONG ocurre casi ocho meses después del estallido de las protestas antigubernamentales, el 18 de abril, que desembocaron en la peor crisis del país en los últimos 40 años.

También se produce después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara la ley conocida como "Magnitsky Nica Act", que aplicará duras sanciones al Gobierno de Ortega, mismas que podrían incluir la suspensión de financiamientos multilaterales al país.

La violenta acción de la Policía y paramilitares contra manifestantes civiles en las protestas dejó 200 muertos según el Gobierno y 325 según la CIDH, aunque ONG locales elevan la cifra hasta 545 fallecidos y 603 personas encarceladas.

El Gobierno acusa a los opositores de pretender "destabilizarlo" mediante "un complot terrorista" financiado por Estados Unidos.

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