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Internacionales Sérgio Moro Juez federal de Brasil

Precisamos que el Gobierno dé ejemplo con un comportamiento honesto”

El juez brasileño que condenó al expresidente Lula por corrupción fue elegido como personaje latinoamericano del año por el Grupo de Diarios América (GDA), y contestó las preguntas formuladas por todos los periódicos.
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Precisamos que el Gobierno dé ejemplo con un comportamiento honesto”

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R esponsable por la primera condena de un expresidente de Brasil por corrupción y por el encarcelamiento de políticos y empresarios poderosos en la Operación Lava Jato, el juez federal de Brasil Sérgio Moro está resentido con la inacción del Ejecutivo y del Legislativo en el combate a la corrupción. Nombra algunos ejemplos de medidas que pueden estorbar en el combate al pago de sobornos y al desvío de dinero público. Son situaciones como la falta de castigo más riguroso para los delitos de financiamiento irregular de campaña, la llamada “caja 2”, que él define como una “trampa electoral”, la existencia de un fuero privilegiado, que para él debería acabarse, y la discusión que puede cambiar el cumplimiento de condena tras la decisión de Segunda Instancia –el Supremo Tribunal Federal (STF) debe discutir si vuelve a revisar las consideraciones en los próximos meses.

Elegido Personaje Latinoamericano de 2017 por los directores y editores de los 11 diarios del Grupo de Diarios América (GDA), sentencia que frente a un escenario que puede llevar a la impunidad, “la corrupción, evidentemente, no va a acabar”. A lo largo de esta entrevista exclusiva, él dice que la corrupción se globalizó, pero que otros países que recibieron pruebas de corrupción de la constructora Odebrecht tienen la oportunidad de profundizar las investigaciones y descubrir nuevos casos. Su razonamiento es que si Odebrecht adoptó un modelo de pago de ventajas indebidas en sus negocios en el extranjero, es probable que multinacionales de otros países y empresas locales hayan hecho lo mismo. En la opinión del juez, la población ya no tolera ciertos comportamientos, como la corrupción, y está más vigilante ante conductas ilegales. “El precio de la integridad es la eterna vigilancia” de los gobernados, declara Moro.

¿La Operación Lava Jato logró reducir la corrupción en Brasil o solo la hizo más visible?

Es muy difícil dimensionar la corrupción. No se sabe cuántos casos reales existen, y lo que se tiene, normalmente, son medidas de percepción de la corrupción. En los índices de Transparencia Internacional, Brasil no se encuentra en una posición muy buena. Lo que los casos judiciales revelan es que la percepción que teníamos, de que la corrupción era muy grande en Brasil es, de hecho, real. Son hechos graves y grandes. La corrupción evidentemente no se va a acabar, pero si la impunidad estimula la corrupción, la disminución de la impunidad debe acarrear igualmente la disminución de la corrupción. Pero sería oportuno que hubiera reformas más generales por parte del Gobierno, por parte del Legislativo, contra los incentivos y las oportunidades de corrupción. Y eso es algo que está casi totalmente inerte.

2018 será el cuarto año consecutivo de investigaciones y de repercusiones en otros países. ¿Nuevos casos de corrupción tendrán la capacidad para escandalizar a los brasileños o es que la sociedad ya lo ve como “la regla del juego”?

Ese es un efecto colateral negativo de la revelación de todos esos casos se vaya a una cierta insensibilidad de la sociedad. Pero casos más recientes, ampliamente divulgados aún después de todo lo que ocurrió en Lava Jato, provocaron un gran sentimiento de rechazo en la población. Por ejemplo, el político relacionado con el departamento donde había 51 millones de reales. Me pareció que el rechazo, casi tres años después del inicio de Lava Jato, revela que el repudio sigue siendo grande.

Las investigaciones mostraron que los principales partidos y muchos políticos se involucraron en algún tipo de irregularidad, ya sea el uso de la “caja 2” o corrupción. ¿Se puede separar “la paja del trigo”?

Tanto la “caja 2”, que sería una donación electoral irregular no contabilizada, como la corrupción son delitos. Ambos tienen que tener una respuesta institucional. Lo que es correcto es correcto, lo que es errado es errado, y las personas que se involucraron sabían que era ilegal y deben sufrir las consecuencias. Evidentemente la corrupción es un delito más grave que la mera “caja 2”, pues la corrupción involucra una contrapartida del agente público”.

¿Cómo Brasil puede superar ese escenario, en el que la corrupción se esparció por casi todo el Gobierno?

Es importante que los procesos judiciales funcionen y sean efectivos, que no tengamos impunidad. Pero, más que eso, precisamos de un discurso firme por parte de nuestros líderes políticos contra la corrupción, que fuesen acompañados de acciones consistentes con ese discurso. Eso involucra no solo un cambio en la legislación procesal y penal, sino que también para disminuir incentivos y oportunidades de corrupción. También que el Gobierno dé el ejemplo con un comportamiento honesto. Porque cuando no existe eso, se termina desincentivando a las personas comunes, a la sociedad en general, a comportarse de forma honesta.

El Supremo Tribunal Federal ha sido escenario de divergencias y polémicas en relación con los investigados con fuero privilegiado. ¿Usted esperaba más de las investigaciones en el Supremo?

Por mejores que sean las buenas intenciones de los jueces, magistrados y ministros involucrados, esos procesos son complejos y avanzan mejor ante los jueces comunes. La Primera Instancia tiene mejores condiciones de trabajar en esos procesos que en los tribunales superiores, normalmente sobrecargados de los casos más diversos. Una lección que se tiene que extraer de eso: si el fuero privilegiado funciona, en la práctica, como blindaje de agentes públicos, este debería ser simplemente eliminado o reducido significativamente.

Una decisión suya —la condena del expresidente Lula— puede dejar fuera de las elecciones a un presidenciable importante, que lidera las encuestas. ¿Cómo usted se siente frente a la posibilidad de haber influido directamente en la disputa de 2018?

El papel del juez es cumplir la ley. El juez cumple la ley y juzga los procesos según las leyes. Las consecuencias fuera del proceso no son responsabilidad del juez. Si eventualmente esa situación ocurre, no fue porque el juez así lo decidió. Alguien cometió un delito, la ley prevé inhabilitaciones, y eso puede ocurrir.

¿Usted ve un riesgo de retroceso en la legislación anticorrupción?

Lo que me preocupa en lo inmediato, en ese esfuerzo anticorrupción, es que hubo una decisión muy importante del Supremo Tribunal Federal, que previó que a partir de una condena en Segunda Instancia se puede ejecutar la condena. Veo con preocupación alguna señal de que el Supremo podría revisar ese precedente. Yo entiendo que ese precedente, con todo el respeto a quien piensa lo contrario, debería ser considerado un punto de no retorno. Sería un tremendo retroceso. Y de cierta manera esto ilustra una cierta zona de incertidumbre. ¿Brasil va a avanzar? ¿Buscaremos construir un ambiente de mayor integridad en la gestión de lo público o estamos aquí pensando en retroceder y retomar la impunidad como regla, algo que teníamos hace no mucho tiempo? Sería terrible que algo de esa especie ocurriera.

El expresidente Lula, quien fue condenado a nueve años y medio de cárcel por usted, realizó críticas contundentes a la investigación y dice que es víctima se persecución política. ¿Cuál es su respuesta a esa crítica?

Yo ya dicté la sentencia, y todo lo que yo tenía que decir sobre el caso está ahí. Las pruebas que consideré, los hechos. No me corresponde hacer comentarios adicionales. Todo lo que yo tenía que decir está ahí, y la sentencia es pública. Hoy está sometida a recurso de apelación. Los jueces del TRF son personas absolutamente serias, y ellos pueden confirmar o reformar la sentencia. Estoy absolutamente tranquilo sobre lo que decidí y ante lo que ellos pueden decidir, ya sea confirmando o modificando la sentencia.

Petrobras fue víctima de la repartición de cargos entre partidos políticos, y eso sigue siendo una realidad. ¿Cómo cambiar este escenario?

La repartición de cargos es uno de los principales males que necesitan ser remediados en el país. Es el origen de los delitos en Petrobras y es uno de los males que necesitarían tener reformas más incisivas de las prácticas políticas y administrativas para impedir. La Ley de las Estatales, aprobada en 2016, pese a que es loable, es insuficiente. No se pueden cambiar cargos públicos por poder político o monetario. No se puede convertir las posiciones públicas en mercancías.

Miembros de Lava Jato ya dijeron que se estuvo a punto de encarcelar a Lula varias veces. Si él es condenado en Segunda Instancia, ¿esa posibilidad es real?

Esa pregunta no me corresponde contestarla. Corresponde a la Segunda Instancia.

¿Hasta dónde llega la sombra de Odebrecht en América Latina?

Así como la economía es globalizada, muchas veces la práctica corrupta también se globaliza. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que si Odebrecht pagó a agentes públicos o políticos de otros países, probablemente otras empresas también pagaron. Y me refiero no solo a las brasileñas, sino a las extranjeras y probablemente a las empresas de los respectivos países.

¿Aún falta revelar algo más del gran caso de corrupción descubierto hasta ahora en América Latina?

Brasil ha adoptado una postura de cooperación jurídica internacional. Cuando recibimos pedidos de cooperación e intercambio de pruebas, la postura usual ha sido acceder a ese intercambio. Cuando las pruebas provienen de personas que hicieron un acuerdo de cooperación (con la justicia), hemos puesto condiciones para protegerlas de eventuales procesos en el exterior, lo que me parece natural. Las pruebas pueden ser utilizadas, pero no en contra de esas personas. Observada esa condición, no se ha escondido nada.

¿En América Latina no hay nada más allá de lo que ya se sabe que deba ser investigado?

Recientemente se decidió en Perú decretar prisión preventiva a algunos empresarios locales que habrían trabajado asociados al grupo Odebrecht. Si esos países que recibieron partes de las investigaciones las profundizan, seguramente van a encontrar otros esquemas de soborno y corrupción no necesariamente vinculados a Odebrecht.

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