Premian en EUA a jueza guatemalteca por combatir corrupción en su país

"Hay más de 300 personas de cargos altos del Gobierno siendo enjuiciadas por procesos de corrupción en Guatemala, (quienes se han quedado) con el dinero que debe ir para la educación, el dinero que debe ir para la salud. Por eso, si la Justicia falla, todo lo demás colapsa. Esa reforma del sector justicia es esencial, es fundamental para luego empezar a abordar los otros temas", sentencia la guatemalteca Claudia Escobar.
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Foto ned.org

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Claudia Escobar nunca había grabado una conversación, pero sus sospechas la llevaron a instalar en su tableta una aplicación para hacerlo minutos antes de una reunión clave.

La jueza guatemalteca colocó discretamente su dispositivo sobre la mesa y el audio de 40 minutos que obtuvo durante un encuentro celebrado en septiembre de 2014 sirvió para sentenciar recientemente a 13 años de cárcel al entonces presidente del Congreso por tráfico de influencias.

Poco después salió de su país para proteger a su esposo y sus seis hijos.

“El costo más alto ha sido haber dejado a mis hermanas y a mis padres allá”, dijo Escobar, quien recibirá el miércoles un reconocimiento de National Endowment for Democracy. “Perder eso es invaluable, pero si yo quería rescatar a mi país de las manos del crimen organizado no podía guardarme esa información”.

Durante aquella reunión el diputado Gudy Rivera le ofreció apoyo para elegirla magistrada a cambio de que anulara una orden judicial que suspendía a la entonces vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti de la secretaría general del Partido Patriota, al cual pertenecían Baldetti y Rivera.

Rivera era considerado el hombre fuerte del entonces partido de gobierno, del que también fue jefe de bancada, y hombre de confianza del entonces presidente Otto Pérez Molina.

Baldetti y Pérez Molina renunciaron en 2015 y han estado bajo arresto acusados de beneficiarse de una supuesta red de corrupción que defraudó al Estado en varios millones de dólares.

Escobar incluyó el audio en la denuncia que formuló sobre el intento de soborno y renunció a su designación como magistrada argumentando que el proceso había sido anómalo. En enero de 2015 se mudó a Estados Unidos tras denunciar que se sentía amenazada en su país y recibir una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También interpuso una denuncia de violación a la independencia judicial que está actualmente en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Carl Gershman, presidente de la organización sin fines de lucro, señaló que reconocerá a Escobar y a activistas de otros cuatro países que “han arriesgado sus carreras, su libertad y sus propias vidas para denunciar corrupción y sus terribles consecuencias”.

Escobar recibirá el premio de manos de la congresista demócrata Norma Torres, la primera guatemalteca de nacimiento en llegar al Congreso estadounidense.

“Es vital que Estados Unidos continúe apoyando a aquellos que, al igual que Claudia, han puesto su propia seguridad y sus carreras en riesgo por la causa de la gobernanza y la transparencia”, dijo Torres.

El presidente del Congreso, el republicano Paul Ryan, prevé asistir a la ceremonia.

Pese al sacrificio personal y familiar de salir abruptamente de su país, Escobar sostuvo que la denuncia valió la pena porque ha dado lugar a un debate legislativo sobre la necesidad de una reforma constitucional para proteger a los jueces de las presiones políticas.

“Hay ahora un debate sobre la independencia judicial que nunca hubo. Nunca había existido esa conciencia en la población sobre lo importante que es tener jueces honestos e imparciales”, indicó.

"Si la Justicia falla, lo demás colapsa"

La jueza guatemalteca insiste en que "si la Justicia falla, todo lo demás colapsa", por lo que cree "indispensable" una reforma del sistema judicial.

"Los desafíos son enormes, pero un paso importante, un primer paso es una reforma constitucional del sector justicia. Es algo por lo que Guatemala ha estado luchando por más de 20 años, desde los acuerdos de paz", asegura la magistrada.

Según explica, la reforma que reivindica "no se había debatido hasta el año pasado, en el que comenzó una propuesta seria que está en el Congreso y que se está debatiendo, aunque está siendo boicoteada por los grupos que históricamente han usado la Justicia a su favor".

No obstante, reconoce que las movilizaciones sociales que se dieron en Guatemala en 2015 para exigir la renuncia del Gobierno de Otto Pérez Molina y la propia Baldetti, ambos ahora en prisión, son una muestra de la concienciación ciudadana sobre las consecuencias de que la corrupción empape el Estado de Derecho.

Además, insiste en el papel fundamental de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente creado por la ONU en 2007, sin cuyo apoyo, reconoce, hubiera sido impensable sacar a la luz estos escándalos.

"Sin el apoyo que nosotros hemos tenido de la comunidad internacional, especialmente en el caso de la CICIG, Guatemala no hubiera dado los pasos que ha dado. Es impensable que hubiésemos logrado probar o demostrar los altos niveles de corrupción que existen en nuestro país", asegura.

No obstante, manifiesta su preocupación por los 2 millones y medio de niños que actualmente no tienen acceso a la educación en su país y que, según dice, "son carne para convertirse en un ejército de posibles delincuentes".

Este, subraya, es de hecho uno de los mayores problemas que afronta Guatemala, donde el 98 % de impunidad que se ha llegado a registrar para quienes abusan del poder ha hecho que los recursos de los que dispone el Gobierno no se destinen a asuntos clave como la educación o la sanidad.

"Si no están los recursos no es precisamente porque no los haya, sino porque se los están robando, se están utilizando en fines ilícitos", asegura.

"Hay más de 300 personas de cargos altos del Gobierno siendo enjuiciadas por procesos de corrupción en Guatemala, (quienes se han quedado) con el dinero que debe ir para la educación, el dinero que debe ir para la salud. Por eso, si la Justicia falla, todo lo demás colapsa. Esa reforma del sector justicia es esencial, es fundamental para luego empezar a abordar los otros temas", sentencia.


 

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