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Pruebas incriminan a Pérez M. y Baldetti con lavado

El Ministerio Público de Guatemala aportó evidencia que incrimina a exgobernantes en una estructura ilegal que captó fondos para el Partido Patriota y luego cobró comisiones por contratos estatales.
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Audiencia.  El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (der.) revisa un documento con su abogado.

Audiencia. El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (der.) revisa un documento con su abogado.

Juez.   El juez Miguel Ángel Gálvez preside la audiencia en la Corte Suprema de Justicia contra 30 personas acusadas de participar en un caso de saqueo al Estado, una trama supuestamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina.

Juez. El juez Miguel Ángel Gálvez preside la audiencia en la Corte Suprema de Justicia contra 30 personas acusadas de participar en un caso de saqueo al Estado, una trama supuestamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina.

Pruebas incriminan a Pérez M. y Baldetti con lavado

Pruebas incriminan a Pérez M. y Baldetti con lavado

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Las primeras imputaciones por lavado de dinero a una red de saqueo de dinero del Estado, calculado por $65.3 millones, implicaron ayer directamente al expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

En el tercer día de la audiencia de primera declaración contra la estructura denominada Cooptación del Estado, el representante de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público describió cómo los miembros de la red ocultaron el dinero que recibían de comisiones por contratos públicos.

Según la acusación, integrantes de la organización recibieron órdenes de Baldetti a través de su ex secretario privado, Juan Carlos Monzón, y el contador de éste, Víctor Hernández.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el 10 % que recibía esta red de comisión por los contratos que repartía habría amasado más de 500 millones de quetzales ($65.3 millones).

El fiscal explicó que parte del dinero que se blanqueó en el Banco Nacional de Desarrollo Rural (BANRURAL), de capital público y privado, fue utilizado para adquirir el 51 % de las acciones de Corporación de Noticias, propietaria del diario Siglo 21.

Uno de los empleados de BANRURAL, Juan Ábner Fonseca Galicia, fue imputado por lavar al menos 20 millones de quetzales ($2.6 dólares) en esa institución, para la compra de esas acciones.

Otro exdirectivo del banco, Fernando Peña, también utilizó la institución bancaria para lavar dinero para adquirir el 51 % de las acciones de Corporación de Noticias, aunque el fiscal no precisó el monto.

Peña entregó 30,000 quetzales ($3,900) para la campaña del Partido Patriota de Pérez Molina en 2011, apuntó.

Durante la audiencia se reprodujo una conversación telefónica entre Monzón y Salvador Estuardo González, en la que discutían sobre la compra de Corporación de Noticias.

Ambos son colaboradores del Ministerio Público en la trama de corrupción conocida como La Línea, desmantelada en abril de 2015, en la que también han sido acusados como cabecillas Pérez Molina y Baldetti.

Otra persona, Judith del Rosario Ruiz, fue imputada por haber administrado para Pérez Molina y Baldetti 200 millones de quetzales ($26.14 millones) a través de una sociedad anónima.

En tanto que la exdiputada Daniela Beltranena, del Partido Patriota, según la imputación administró 7 millones de quetzales (unos $915,000) y “fue una operadora” de la exvicepresidenta de Guatemala.

También, el empresario Jónathan Harry Chévez fue acusado de administrar para la red $25 millones.

La Fiscalía además acusó al exabogado de Baldetti Mario Cano de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.

Cano habría sido el encargado de buscar representantes legales para las empresas de la exvicepresidenta, cuyo estado de salud será examinado por la Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF).

Asimismo, se imputó al expresidente de la Junta Directiva del Seguro Social (IGSS) Juan de Dios Rodríguez, quien está acusado de formar parte de la estructura bautizada como La Coperacha, junto a otros exministros del gabinete de Pérez Molina.

Los altos funcionarios se habrían servido de comisiones ilegales para sufragar lujosos regalos al exmandatario, entre ellos una lancha, una casa en la playa y un helicóptero valorados en $4.3 millones.

Mientras se leían las acusaciones contra él, Juan de Dios Rodríguez se ha mostrado impasible, refugiado en la lectura de un libro.

El representante de la FECI explicó que las pruebas se derivan de archivos y testimonios que Monzón y Hernández dieron a la Fiscalía.

Las imputaciones que realiza la FECI comprometen a Pérez Molina y Baldetti como los cabecillas de la estructura criminal que recibía el 10 % de las comisiones por los contratos que otorgó el Estado, durante la administración del exbinomio presidencial.

Hasta ahora, empero, todavía no se hace la imputación directa contra el expresidente y la exvicepresidenta, detenidos el año pasado por la trama de corrupción denominada como La Línea. La audiencia continuará hoy a las 9 de la mañana.

Se entrega diputada

La exdiputada Beltranena se entregó el martes a la justicia de Guatemala, por supuestamente estar implicada en la estructura que saqueó al Estado.

La exparlamentaria, considerada como una “protegida” de Baldetti, también señalada en este caso de corrupción, llegó con sus abogados al Juzgado B de Mayor Riesgo, que preside Miguel Ángel Gálvez.

Mientras tanto, el exministro de Cultura y Deportes Dwight Pezzarossi fue imputado el martes de los cargos de cohecho pasivo y asociación ilícita, en el caso del saqueo del Estado de Guatemala.

Pezzarossi fue incluido por la FECI en el grupo de una docena de exfuncionarios que fueron utilizados como “operadores” para recibir las comisiones por los contratos otorgados por la administración de Pérez Molina.

El representante de la Fiscalía aseguró que el exministro de Cultura recibía 25,000 quetzales mensuales ($3,263) como parte de la “coima” de un contrato de seguridad concedido a una empresa privada por la cartera de Cultura.

Mientras que al exdirector del Registro Nacional de las Personas (RENAP) Rudy Gallardo, también incluido en este grupo, la FECI le imputó los mismos delitos por recibir 125,000 quetzales ($16,318) por un contrato de seguridad.

El ente investigador sostuvo que los integrantes del grupo de “funcionarios” formaron parte de la estructura criminal creada por Pérez Molina y Baldetti, para recibir el 10 % en comisiones por contratos otorgados a empresarios.

En un mensaje a través de redes sociales, el exministro de Comunicaciones y candidato presidencial del Partido Patriota para las elecciones de 2015, Alejandro Sinibaldi, dijo que Monzón, el colaborador de la Fiscalía, “es un delincuente confeso sin credibilidad” y preguntó: “¿Cuál es la seriedad?”

Sobre Sinibaldi también pesa una orden de detención por su presunta responsabilidad en los hechos, por lo que es considerado “prófugo”.

Entre otros prófugos está Alba Elvira Lorenzana, esposa del mexicano Ángel González, dueño en El Salvador de los canales 11 y 12, y radio Sonora.

Lorenzana dirige en Guatemala los canales 3 y 7, cuya empresa, Televicentro, aportó $2.2 millones al PP, que luego fueron retribuidos en contratos por $26.2 millones.

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