SIP condena las prácticas de espionaje a los periodistas

En México, un amplio grupo de comunicadores detalló cómo habían descubierto estas maniobras del Gobierno.
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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó ayer el espionaje a periodistas y medios, lo calificó como un “serio atentado a las libertades”. Una investigación mostró cómo la administración de Enrique Peña Nieto dedicó recursos para poder vigilar a los periodistas en sus dispositivos personales.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, el mexicano Roberto Rock, condenó el “uso de este mecanismo que constituye un serio atentado a las libertades de expresión y de prensa”.

Una reciente investigación de The New York Times, basada sobre un informe de varias organizaciones civiles, reveló que el Gobierno de México habría espiado entre 2015 y 2016 a periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción mediante el uso del programa informático israelí “Pegasus” que accede a las llamadas, mensajes de texto, correos, micrófono y cámara de los móviles, entre otras formas de invasión.

Al menos tres agencias federales mexicanas han invertido un estimado de $80 millones desde 2011 en el software espía “Pegasus”.

Entre los periodistas afectados se encuentran Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán. Ellos, junto a activistas perjudicados, presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de expresar que “el espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación”.

Entre los que tienen pruebas de los actos de vigilancia se encuentran los letrados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes en la ciudad mexicana de Iguala en 2014, y académicos que han colaborado en la redacción de legislación para luchar contra la corrupción. También han sido víctima de espionaje, según el New York Times, dos de los periodistas mexicanos más influyentes, y un estadounidense que representa un caso de abuso sexual por parte de la policía.

Rock, director del portal mexicano de noticias, La Silla Rota, agregó que “esta práctica de espiar a un ciudadano sin justificación judicial es además un delito criminal”, con sanciones de entre seis y 12 años de prisión.

La empresa que comercializa Pegasus dejó claro que venden el producto solo a los Gobiernos con el propósito de combatir la delincuencia y el terrorismo.

Citizen Lab señaló que no tenía “pruebas concluyentes que atribuyeran estos mensajes a agencias gubernamentales específicas en México”, pero agregó que la “evidencia circunstancial indica que uno o más... de los clientes gubernamentales de NSO Group en México son los operadores probables”. El informe destacó que los espiados estaban involucrados en “asuntos internos de preocupación inmediata para intereses mexicanos poderosos” y que “múltiples agencias federales en México son clientes de NSO”.

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