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SIP enciende alerta ante cambio de ley en México que afectaría libertad de expresión

De ser aprobada, se eliminarían los requisitos de información inexacta o falsa para hacer valer el derecho de réplica, lo que permitiría a cualquier persona sentirse agraviada y demandar al medio o a sus autores, aún cuando la información sea verídica.
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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó hoy su alerta por la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia en México apruebe una propuesta de sentencia que puede traer mayor vulnerabilidad al ejercicio de la libertad de expresión en ese país. Así lo dio a conocer en un comunicado de prensa publicado este miércoles.

Un proyecto de fallo presentado por Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, propone avalar un reclamo de inconstitucionalidad (propuesto por los partidos políticos) que suprimiría de la Ley de Derecho de Réplica la exigencia de la inexactitud o falsedad de la información para que un "agraviado" pueda pedir una rectificación al medio respectivo.

De ser aprobada, se eliminaría del artículo 3 de la ley la frase sobre los requisitos de información inexacta o falsa para hacer valer el derecho de réplica, lo que permitiría a cualquier persona sentirse agraviada y demandar al medio o a sus autores, aún cuando la información sea verídica.

La SIP advirtió que este modelo de precepto legal, que permite emprender acciones contra medios y periodistas por hechos diversos, sean o no verdaderos, ha dado lugar a innumerables abusos en América Latina.

En el caso de México supondría una regresión clara en los estándares en materia de libertad de expresión y de prensa. La institución lamentó que en esta deliberación del alto tribunal no se hayan consultado juristas expertos, medios de comunicación, académicos u otros sectores interesados.

La propuesta de sentencia del ministro Pérez Dayán será votada el 7 de noviembre en el pleno de la Corte mexicana, integrada por 11 magistrados supremos.

El presidente de la SIP, Matt Sanders, expresó su preocupación debido a que una acción de esta naturaleza "complicaría aún más el ya deteriorado ambiente en el que los periodistas y medios mexicanos deben realizar su labor, de indudable impacto social".

Sanders, director senior y gerente general de Deseret Digital Media, de Salt Lake City, Utah, advirtió que una modificación legal de esta naturaleza, "podría cobrar el carácter de censura previa mediante una ola de demandas que presentarían funcionarios y dirigentes políticos que suelen sentirse agraviados por todo tipo de información, lo que desalentaría la labor de escrutinio público de la prensa sobre los personajes públicos; cuya consecuencia iría en detrimento del derecho del público a la información".

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, agregó que "el recurso aceptado por la Corte es más preocupante porque se origina por promoción de partidos políticos, lo que permite asumir que se busca bloquear investigaciones o señalamientos periodísticos que resultan esenciales para que la ciudadanía conozca a los actores y candidatos y tome decisiones informadas, especialmente en épocas electorales".


90 % de agresiones a periodistas en México queda impune


El aumento de las agresiones a los periodistas en México y la impunidad que prevalece en el 90 % de los casos afecta "el ejercicio pleno de la libertad de expresión y la consolidación democrática", denunció hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Con motivo del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, el organismo subrayó que quien atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión también lo hace contra la sociedad mexicana y sus instituciones democráticas.

Por ello, apuntó en un comunicado, "es urgente que todas y cada una de las agresiones o crímenes contra periodistas se investigue, esclarezca y sancione conforme a derecho".
Solo en el 10 % de las agresiones a periodistas o a medios de comunicación hay "sentencia condenatoria y en el 90 % restante hay impunidad, lo que genera un clima adverso para el ejercicio periodístico y genera espacios de autocensura", aseveró.

En una recomendación emitida en febrero de 2016, la CNDH pidió que en cada indagatoria relacionada con agravios a periodistas se esclarezcan los hechos y se agoten las líneas de investigación, sobre todo la relacionada con el ejercicio de la labor periodística.

Además, se pronunció a favor de que las procuradurías de justicia cuenten con fiscalías o unidades especializadas en la investigación y persecución de los delitos contra el ejercicio periodístico, especialmente en los estados como Veracruz donde hay un elevado índice de ataques a periodistas.

De acuerdo con cifras de la CNDH, del 2000 a la fecha 119 periodistas han sido asesinados -doce de ellos mujeres-; 20 han desaparecido desde 2005 y se han cometido 50 atentados contra instalaciones de medios de comunicación.

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