Santos confirma que da protección a exfiscal venezolana

El régimen de Nicolás Maduro acusó que su país vecino protege a “la corrupción”.
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Santos confirma que da protección a exfiscal venezolana

Santos confirma que da protección a exfiscal venezolana

Protegida.  Como si no hubiera suficiente tensión entre estos países vecinos, ahora Colombia da protección a una de las más críticas del régimen de Maduro: Luisa Ortega, quien llegó al gobierno como chavista.

Protegida. Como si no hubiera suficiente tensión entre estos países vecinos, ahora Colombia da protección a una de las más críticas del régimen de Maduro: Luisa Ortega, quien llegó al gobierno como chavista.

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El presidente Juan Manuel Santos expresó el lunes que la exfiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz está bajo protección en Colombia. El mandatario adelantó que su gobierno tiene la disposición de otorgar asilo a la exfuncionaria del Gobierno venezolano.

Ortega llegó a Colombia el 18 de agosto con su esposo, el diputado disidente del oficialismo Germán Ferrer, después de que autoridades de su país ordenaron su detención por presuntamente dirigir una red de extorsión de la Fiscalía.

Santos precisó a través de su cuenta de Twitter: “La fiscal (sic) Luisa Ortega se encuentra bajo protección del gobierno colombiano. Si pide asilo se lo otorgaremos”, sin dar detalles sobre Ferrer.

El anuncio se produjo tres días después de que la oficina de migración de Colombia confirmó que la fiscal destituida y Ferrer llegaron a ese país en un vuelo privado proveniente de la isla caribeña de Aruba.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, opinó que la decisión del Bogotá es “cínica”. En su cuenta de Twitter, Arreaza manifestó que se trata de una medida que “protege la corrupción y el delito en Venezuela” y que Bogotá se ha convertido en centro de “la conspiración contra la democracia y la paz en Venezuela”.

La pareja abandonó Venezuela poco después de que la Asamblea Constituyente, integrada en su totalidad por partidarios del presidente Nicolás Maduro, aprobó el allanamiento de la inmunidad de Ferrer y autorizó al Tribunal Supremo de Justicia para enjuiciarlo por presuntos delitos que van desde extorsión hasta lavado de dinero.

El retiro de la inmunidad del legislador se concretó horas después de que el máximo tribunal, también controlado por el Gobierno, ordenó la captura de Ferrer por supuestamente dirigir una red de extorsión que operaría desde el Ministerio Público. La oposición consideró la medida como una “escalada de la persecución” contra los críticos al Gobierno.

Ortega Díaz no ha hablado desde su llegada a la capital de Colombia, pero antes de abandonar su país declaró que las acusaciones contra su marido eran una retaliación por su decisión de romper con el Gobierno, luego de acusar a Maduro de ser cada vez más autoritario y denunciar la corrupción extendida entre los colaboradores más cercanos al gobernante. La destitución de Ortega Díaz por la Constituyente ha sido denunciada por decenas de Gobiernos extranjeros.

El nuevo fiscal general, Tarek William Saab, ha dicho que se presume que Ferrer encabezaba una “banda de extorsión” –que incluía a otros funcionarios de la Fiscalía– vinculada a delitos de corrupción, extorsión, asociación para delinquir y lavado de dinero.

Desde 2016 los involucrados habrían recibido más de $6 millones de empresas vinculadas al sector petrolero y otras áreas.
 

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