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Temor ante plazo fatal para negociar límite deuda EUA

A última hora de ayer, se anunció que los republicanos en la cámara baja no llevarían a votación su plan.
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La Cámara baja no sometió a voto ayer el proyecto de ley elaborado por los republicanos, que pretendía reabrir la Administración y evitar una suspensión de pagos, a pesar de lo anunciado horas antes, ante la aparente falta de acuerdo en el seno de los republicanos.

El plan republicano contemplaba una financiación temporal del Gobierno federal, que lleva cerrado parcialmente desde el pasado 1 de octubre, hasta el 15 de diciembre.

Funcionarios dijeron que el proyecto revisado elaborado por los republicanos de la cámara baja daría fondos al Gobierno hasta el 15 de enero y le proporcionaría al Tesoro la capacidad de pedir prestado normalmente hasta el 7 de febrero.

El cierre parcial comenzó hace 16 días, después de que los republicanos se negaron a aceptar una medida de financiamiento temporal para dar dinero al Gobierno para seguir funcionando, a menos que el presidente Barack Obama aceptara cambios o aplazara su reforma de salud.

Los republicanos también se negaron a elevar la cantidad de recursos de los que puede disponer el Tesoro para pagar las obligaciones del país. El Gobierno se quedará sin dinero el 17 de octubre.

Una muestra de la creciente preocupación fue el anuncio de la agencia de calificación crediticia Fitch, que ayer amenazó a EUA con rebajar su nota debido a la crisis. Según anunció, ha colocado la calificación actual “AAA”, en “observación negativa”.

Obama se ofreció ayer a presionar a los legisladores republicanos para que sometan a votación un proyecto de reforma migratoria el día después de que se resuelva la disputa presupuestaria. El Senado aprobó una legislación en junio.

Tribunales afectados

El cierre parcial del Gobierno ha disminuido la velocidad de la justicia en las cortes federales al demorar casos civiles, obligar a los fiscales a operar con el mínimo de personal e incrementar la incertidumbre en torno al futuro inmediato del sistema si el estancamiento se prolonga.

Y también está afectando los casos de inmigración.

Rafael Sánchez lleva dos años aguardando para presentar sus argumentos con el fin de obtener una tarjeta de residencia después de que él y su familia de Bogotá se quedaron en el país en 1997 tras el vencimiento de su visa de turistas. Su audiencia ante una corte de Nueva Hampshire programada para el miércoles 9 de octubre fue cancelada debido al cierre.

Karina, hija de Sánchez y a punto de concluir sus estudios de secundaria, desconoce cómo podrá ir a la universidad.

Sin una tarjeta de residencia no cumplirá los requisitos para obtener apoyo financiero.

Su padre dijo que, después de llegar de un país con tanta corrupción y violencia, no entiende por qué los líderes de una nación donde reina la abundancia como Estados Unidos no pueden trabajar juntos. “¿En qué momento los políticos se ponen a pensar sobre cuántas vidas dependen de ellos?”, se preguntó.

Los casos penales, que la ley exige sean resueltos en juicios ágiles, siguen avanzando, así como la mayoría de los de bancarrota y las apelaciones. Sin embargo, las demandas civiles y casos de inmigración son los que están sufriendo el mayor impacto por el cierre.

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