Internacionales Abel NúñezDirector ejecutivo de CARECEN

Urgimos al Gobierno a seguir luchando por el TPS”

La ONG trabaja por DACA y TPS desde el “lobby” e instruyendo a quienes podrían perder beneficios migratorios sobre lo que hay que hacer.
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Urgimos al Gobierno a seguir luchando por el TPS”

Urgimos al Gobierno a seguir luchando por el TPS”

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Abel Núñez, el director ejecutivo del Centro de Recursos para Centroamericanos (CARECEN, por sus siglas en inglés), es una de las personas que más claro tienen el mapa político que rodea a la nueva política migratoria en Estados Unidos.

 

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La organización que dirige ha trabajado desde 1983 por los derechos de los migrantes y ha apoyado a miles de centroamericanos en sus procesos de regularización migratoria, además de educar y hacer cabildeo en favor de la comunidad.

 

¿Cuál es el clima político para una ley que reemplace a DACA y para renovación del TPS?

 

La administración Trump ha mantenido la posición de limitar a los migrantes, de eliminar programas de protección humanitaria como TPS y DACA. En el caso de este último, la segunda población más protegida es El Salvador, y con el TPS son 190,000 los beneficiarios, antes era más pero se ha venido bajando por diferentes razones. La política de Trump es muy racista, muy antiinmigrante. Las dos cámaras ahora son controladas por republicanos, al igual que la Casa Blanca. Sin embargo, hasta el momento no han logrado ninguna victoria legislativa y está bajo presión de que su base vea que cumple promesas. No ha cambiado ninguna ley significativa hasta el momento, pero tiene poder de los programas que se administran, los fondos y programas como TPS y DACA. Como comunidad estamos para defender que, lo mínimo, como TPS haya una extensión. DACA solo tiene seis meses y luego se elimina; además, ya no están aceptando nuevas solicitudes, solo hay un periodo para que renueven quienes ya están en el programa. Las personas quedarán desamparadas cuando se les acabe el permiso de trabajo, y además hay estados que dan otros documentos atados a esta fecha.

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¿Qué se espera que pase con el TPS?

 

Para el TPS la ley dice que la administración tiene dos meses para decir qué va a hacer. Si la administración no hace ningún anuncio, hay una extensión de seis meses y el programa termina. Algo importante es que el TPS salvadoreño lo están viendo regional. Para nosotros es importante y nos alegra que el Gobierno esté en Washington haciendo cabildeo, y que más allá de ser una misión de Gobierno es de Gobierno con partidos, demuestra que es una visión de país. Le urgimos al Gobierno que siga luchando por sus connacionales. El impacto de perderlo será grande. Es gente que ha estado fuera más de 20 años, han acumulado casas, bienes, negocios. Si es que llega a terminar el TPS, no van a llegar 190,000 al siguiente día, pero quedarán totalmente desprotegidos y pueden ser capturados y ser puestos en procesos de deportación. También pierden la capacidad de trabajar en el sector formal y deberán volver a hacer su vida, cómo cuidan sus cuentas de banco, sus planes de jubilación, todo lo que han construido en su vida financiera está en peligro.

 

¿Cómo prepararse para esto?

 

El perfil es esta gente que tiene bienes. Actualmente hay limitaciones para entrar bienes a El Salvador y luego pagan impuestos. Ellos ya pagaron impuestos en Estados Unidos, y ellos llegarán después de 20 años a querer iniciar de nuevo. Ahí debe haber cambios de leyes para esta gente, para que no se les cobren impuestos por trasladar su vida al país. Además, ellos pueden ser blancos de la extorsión, ser identificados por los actores ilícitos en el país y se les hará imposible poder vivir con la situación actual.

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¿Hay apoyo suficiente para lograr una extensión?

 

Está cuesta arriba. Nos alegra esta carta de los congresistas pidiendo a la Casa Blanca que lo extiendan, ya que es bipartidaria, aunque de los 116 solo tres son republicanos, no es la fuerza que necesitamos. La decisión de la extensión del TPS no está en manos del Congreso, sino del Ejecutivo, y no está funcionando como en años previos. La administración está teniendo choques con su mismo partido y no se sabe quién en sí en el Congreso tiene incidencia, y eso cambia con cada tuit del presidente Trump cada mañana. Si es verdad que se tomará como una decisión regional, la fecha límite es noviembre, no en enero, como le tocaría a El Salvador, ya que el TPS de Honduras vence en enero, y el anuncio debería darse dos meses antes. La pregunta del millón es cuál es la relación del Gobierno y de las organizaciones que puedan encontrar el camino a la Casa Blanca. El TPS tiene que ver con el Departamento de Estado, de Justicia, de Seguridad Interna... Hay dos de estas agencias que están bastante débiles, el secretario de Estado no ha tenido una de las mejores relaciones con el presidente, hay muchas subsecretarías que no se han llenado, están cortos de personal a nivel de decisión política. Esto debilita la capacidad de tener incidencia en cualquier cosa, más allá del TPS, con la política extranjera de Estados Unidos. Jeff Sessions, del Departamento de Justicia, ha sido antiinmigrante; fue quien hizo el anuncio el final de DACA, no podemos contar con su apoyo. John Kelly era el secretario de Seguridad Nacional, ahora en Casa Blanca, y ha quedado en su lugar Elaine Duke. Además, está el Consejo de Seguridad Nacional. Son ellos quienes tomarán esa decisión. John Kelly toma un papel importante en este proceso, conoce la situación de Centroamérica, fue jefe de Comando Sur y entiende las implicaciones de las decisiones en Washington y que esto puede generar caos. Cuando era secretario de Seguridad Nacional dijo que el Congreso debía ver si esa gente merecía quedarse... Está muy difícil que haya una extensión, la diáspora debe prepararse, los gobiernos deben preparar mecanismos de protección si esta gente queda desprotegida. El Gobierno de El Salvador debe prepararse con los cambios de leyes necesarios, también para retornados que pertenecen a DACA.

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