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Verdad, justicia, reparación y no repetición: los compromisos

Posibilidad de no ir a prisión aplica para máximos responsables en el conflicto, si le cumplen a la paz.
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En al menos cien mil noticias criminales en las que aparecen señalados los nombres de 16.000 personas está contenida la historia criminal de las Farc. Esa es la base de los informes que la Fiscalía entregará al Tribunal Especial para la Paz, organismo que será la máxima instancia de justicia para los principales responsables de los crímenes cometidos en el conflicto.
 
Aunque en la nueva jurisdicción para la paz la Fiscalía perdió la posibilidad de investigar los delitos –como sí sucedió en la Ley de Justicia y Paz, que juzgó los paramilitares desmovilizados hace una década– los informes del ente acusador servirán como insumo fundamental para el funcionamiento de la justicia transicional. El reto no es menor, pues una de las claves para aclimatar la paz es, sin duda, que las víctimas se sientan reparadas no solo con el resarcimiento de los daños sino con la plena verdad sobre los delitos que los afectaron.
 
La Fiscalía trabaja en tres líneas de investigación: por un lado, el capítulo de los crímenes cometidos por las Farc. Por otro, el de los agentes del Estado y, finalmente, el de los civiles que fueron ‘determinantes’ en el conflicto armado.
 
En lo que respecta a la guerrilla, al Tribunal de Paz llegarán ocho informes que incluyen los más graves hechos de reclutamiento de menores, secuestro, violencia basada en género, desplazamiento forzado, desaparición forzada, homicidios y masacres.
 
En cuanto a los agentes del Estado, los informes incluyen los ‘falsos positivos’ (4.532 víctimas y 5.621 uniformados investigados), así como la colaboración con grupos paramilitares. Y en cuanto a los civiles, según anunció el fiscal Néstor Humberto Martínez, se trabaja a marchas forzadas para solidificar procesos por colaboración voluntaria con los grupos ilegales.
 
Así, se abrirá un capítulo en el que la justicia colombiana no ha profundizado: el de la llamada ‘Farcpolítica’. Mientras que la Corte Suprema juzgó y condenó a 257 políticos, entre congresistas y gobernadores, por aliarse con los paramilitares, la infiltración de la guerrilla en la política y la administración pública prácticamente no ha sido investigada.
 
De la misma manera, el capítulo de los nexos internacionales de la guerrilla será un reto para la justicia. En los computadores de ‘Raúl Reyes’ quedó plasmada la evidencia de los contactos de las Farc con gobiernos de la región, especialmente el de Venezuela, y en Estados Unidos hay decenas de procesos por narcotráfico que mencionan por igual a mandos de esa guerrilla y a dignatarios venezolanos.
 
Corte Penal, observante
Firmada ayer la paz, sigue un proceso legislativo en el que deben expedirse las normas que le darán piso jurídico al nuevo sistema de justicia. Paralelamente se adelanta el proceso para escoger a los magistrados de esa jurisdicción.
 
En sus manos estará el reto de aplicar justicia en uno de los conflictos más largos y degradados en todo el mundo. Según el Informe Basta Ya, de la Comisión de Memoria Histórica, de los 220 mil muertos que dejó el conflicto entre 1958 y el 2012, más de 180 mil eran civiles no combatientes.
 
Su responsabilidad es garantizar, también, que los niveles de justicia aplicados a los victimarios satisfagan los parámetros de la Corte Penal Internacional.
 
La Fiscalía de ese organismo, que persigue en todo el mundo a los responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, ha mantenido prudente distancia frente a la negociación, si bien su último pronunciamiento da lugar a ser optimistas.
 
“El anuncio del 24 de agosto de 2016 sobre la conclusión de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc-EP es, sin lugar a dudas, un logro histórico para Colombia y para el pueblo colombiano, cuyas vidas se han visto profundamente afectadas por el conflicto armado de 52 años”, dijo la fiscal Fatou Bensouda en un comunicado.
 
A diferencia de Justicia y Paz, el nuevo sistema contempla la posibilidad de que los máximos responsables de los crímenes en la guerra no vayan a prisión, siempre y cuando cumplan cabalmente con los compromisos de verdad, justicia, reparación y no repetición. En caso de no hacerlo, se exponen a penas de 20 años de cárcel o más.

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