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La polémica ley en Salud

La ley de escalafón del Ministerio de Salud nació en una realidad económica distinta a la actual, y tuvo como padre a un gobierno más preocupado por la urgencia de las “elecciones del siglo” en 1994.
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El viernes 11 de marzo de 1994, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación del Escalafón del Ministerio de Salud, cuya aplicación tiene enfrentados a sus autoridades y a los 15 sindicatos.

Los sindicalistas piden que las autoridades apliquen la normativa, cuyo efecto es un aumento salarial de entre el 3 % y el 8 % para los 29,428 empleados. Hacerlo, según los autoridades, requiere de $26 millones que el Estado no tiene.

Los sindicalistas, en este caso, piden que se aplique la ley, solo que esta contrasta con la realidad en que fue aprobada, con otras leyes similares y con las finanzas del Estado.

La plenaria del 11 de marzo de 1994 se realizó luego de una semana de protestas del Sindicato Gremial de Trabajadores de Enfermería de El Salvador (SIEESAL) y del Hospital Rosales.

El entonces ministro de Salud, Lisandro Vásquez, calificó aquellas protestas como políticas, ya que ocurrieron a nueve días de las históricas elecciones de 1994, cuando en un solo día se eligieron 262 alcaldes, 84 diputados, al presidente y al vicepresidente de la República.

Esa era la primera vez, además, que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) participaba en una elección. El candidato a alcalde por San Salvador, Schafik Hándal, se presentó en el lugar de la protesta sindical para apoyarlos.

La protesta terminó luego de la intervención del jefe de la misión de observadores de la ONU (ONUSAL), Augusto Ramírez Ocampo.

La ley aprobada en esa atmósfera de tensión política establece aumentos anuales que van desde un mínimo de 3 % hasta un máximo de 8 % sobre el salario presente de cada empleado.

La ley se aplica a los trabajadores que tienen más de cinco años de trabajo; a partir de ahí, hay un aumento anual del 3 % por antigüedad, y de entre el 3 % y 5 % según desempeño.

Los trabajadores, en aquel momento, pedían un aumento que compensara, como mínimo, la erosión del poder adquisitivo producto del aumento de precios.

Los datos disponibles en marzo de 1994 mostraban que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para 1992 había sido de 19.9 %, la estimación preliminar para 1993 era de 12 % y la proyección para 1994 era del 8 %. Esa cifra, entonces, se convirtió en la manzana de la discordia.

El Gobierno creyó que había hecho un gran negocio: los trabajadores aceptaban que el aumento no pasara del 8 %, y que la mayor parte de este estuviera sujeto a evaluación. La ley estableció, sin embargo, que la inflación sería un factor para establecer aumentos extra.

En 1995 el IPC fue de 11.4 %, en 1996 bajó a 7.4 % y ya para 1997 era de 1.9 %. Es más, desde entonces el país ha tenido un largo ciclo de baja inflación.

La Ley de la Carrera Docente y la Ley de la Carrera Policial, aprobadas dos años más tarde, establecen escalafones que permiten aumentos salariales pero más moderados. Los docentes, por ejemplo, tienen aumentos entre el 6 % y el 10 % pero cada cinco años. Los policías tienen aumentos de entre 5 % y 6 % cada cuatro años.

La aplicación del escalafón de Salud, aunque no ha sido regular, ha llegado a que haya empleados con salarios de casi $6,000. En la red de hospitales públicos hay 62 plazas con salarios de más de $4,000. La mayoría son directores de hospitales. Ahora bien, hay plazas de enfermeras con casi $2,000, pero hay otras que ganan $300. Hay puestos de portero con casi $1,200, pero otros con $286. Las autoridades de Salud, por su parte, no saben qué hacer al respecto: dicen que no hay dinero para cumplir con la ley, pero no quieren pelearse con los más de 7,000 sindicalistas, a los que siempre apoyaron en el pasado.

 

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