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50 días sin Sala de lo Constitucional

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Centro de Estudios Jurídicos - Por el Imperio del Derecho

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Han pasado 50 días desde que los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional tuvieron que asumir sus cargos. Y han pasado muchos más días sin que la Asamblea Legislativa transparente el proceso de evaluación con el cual ha determinado objetivamente cuáles candidatos merecen ser nombrados magistrados. En el listado de treinta personas en manos de la Asamblea Legislativa hay nombres que sobradamente cumplen con el perfil; pero hay otros que ni siquiera deberían estar siendo considerados por no cumplir con los requisitos de moralidad y competencia notoria. Queremos hacer una propuesta a fin de desentrampar este proceso.

La semana pasada, el Centro de Estudios Jurídicos junto a FUSADES, FUNDE, Fundación Democracia Transparencia y Justicia (DTJ), TECHO, Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Acción Ciudadana, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (capítulo El Salvador), Instituto de Estudios de la Mujer "Norma Virginia Guirola de Herrera" (CEMUJER), CREO y Ciudadanos por una Corte Independiente propusimos que los magistrados sean electos con base en el promedio de 3 evaluaciones que se han realizado a través de la sociedad civil organizada: la primera hecha por ISD junto con la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador (AUPRIDES); otra hecha por el diputado no partidario Leonardo Bonilla; y la tercera, realizada por la organización Acción Ciudadana. Elijan a los magistrados de los nombres que se ubican en los mejores promedios.

Los baremos fueron elaborados técnicamente y se aplicaron a los treinta candidatos a las magistraturas para la Corte Suprema de Justicia. En cada una de dichas evaluaciones se analizaron aspectos como la experiencia profesional, estudios realizados, labor docente, publicaciones y solvencias en distintas instituciones públicas, entre otros; estos son aspectos objetivos y relevantes con los cuales se puede advertir si una persona goza de las cualificaciones técnicas para poder ejercer un cargo.

Ya la Sala de lo Constitucional estableció que la moralidad y competencia notoria son términos relacionales; es decir, que de un conjunto de candidatos es preciso hacer una ponderación objetiva para verificar quiénes son los más cualificados para el cargo. La finalidad deber ser elegir a los mejores.

Por los motivos anteriores, las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos el comunicado consideramos que esta tabla constituye una base objetiva para determinar quiénes son los candidatos que mejor cumplen el perfil para el cargo; la Asamblea Legislativa puede debatir y discutir públicamente sobre esos nombres, de manera objetiva y transparente, para seleccionar a los abogados que mejor cumplan con los requisitos para un cargo de magistratura de la Corte, y sobre todo para la Sala de lo Constitucional, y que, a su vez, garanticen independencia judicial, especialmente de los partidos políticos.

Por ello, con el ánimo de desentrampar la elección de magistrados, reiteramos nuestra propuesta a los diputados de la Asamblea Legislativa: que en esta semana, cumpliendo con los parámetros constitucionales y los principios que estructuran el procedimiento legislativo, se elija a los cinco magistrados propietarios y cinco magistrados suplentes de entre los candidatos mejor evaluados por los baremos de la sociedad civil. Deben escoger a los mejores, entre los candidatos que se ubican en los primeros quince puestos del promedio de puntuaciones, valorando el orden de prelación de esa lista consolidada. Ya es hora de que nos escuchen.

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