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Sandra de Barraza

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Los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Este mandato es aplicable a los diferentes órganos de gobierno (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), a diferentes instancias de gobierno (nacional y local) y en sus expresiones de secretarías, instituciones autónomas, instituciones semiautónomas, empresas públicas y gobiernos municipales. Ningún funcionario ni empleado público queda fuera de este mandato.

El gran desafío que se enfrenta es asegurar que el Órgano Legislativo emita leyes necesarias, realistas y aplicables, y también que los funcionarios y empleados públicos conozcan el marco legal que se aplica en su sector. Sin esto, es difícil que el país avance en sectores estratégicos como es el transporte en sus diferentes modalidades, terrestre, aéreo, marítimo.

Es responsabilidad del Viceministerio de Transporte planificar, analizar, coordinar y ejecutar la política en materia de transporte en todas sus modalidades; otorgar y cancelar autorizaciones para utilizar redes de transporte; y garantizar la eficiencia y seguridad en el servicio de transporte en todas sus modalidades.

Está contemplado también que ese viceministerio debe estudiar, determinar y priorizar las necesidades de transporte en sus diferentes modalidades y calificar los requisitos exigidos para gozar de beneficios en la prestación de transporte colectivo de pasajeros.

La ley transitoria para la estabilización de tarifas del servicio público (2007-2010 y 2019) tiene establecidos requisitos para gozar el beneficio del subsidio. Existen desde que se aprobó la ley. El gran problema es que los legisladores vienen irrespetando, desde el mismo momento en el que la aprobaron la ley, las exigencias que ellos mismos aprobaron.

El irrespeto a la ley beneficia, única y exclusivamente, a los que gozan con la concesión del Estado para la prestación del servicio público de pasajeros. Con esta práctica de irrespeto a la vigencia de los requisitos establecidos en la ley, los usuarios del transporte público de pasajeros carecen de eficiencia y de seguridad. No hay nada nuevo. Solo hagan cumplir la ley. Y con esto, se beneficiaría sustancialmente al usuario del servicio.

Con la popularidad del nuevo gobierno, es imposible no exigir que se piense en grande y que se aproveche la coyuntura para revisar, derogar o actualizar la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Se necesita una ley que viabilice la política nacional de transporte en todas sus modalidades.

¿Hay política nacional de transporte en todas sus modalidades? Una y varias veces se ha escuchado esta pregunta. El silencio demuestra que no hay política para el transporte en todas sus modalidades (terrestre, aéreo y marítima). Esta es la primera tarea que debe enfrentar el titular del ramo para proceder a una nueva ley de transporte, de tránsito y de seguridad vial.

¿Seguridad vial? Fundamental que recuperemos espacios para los peatones. Las noticias sobre accidentes y muertes a causa de accidentes de tránsito son suficiente para que se tome conciencia sobre la necesidad de establecer medidas rigurosas. Los progenitores de la niña de 3 años que murió en accidente de tránsito ignoraron el riesgo de llevarla en manos. Se necesita y justifica la seguridad vial porque la muerte por accidentes viales va para arriba. ¿Se continuará con la práctica de motocicleta como medio de transporte familiar?

No hay que continuar evadiendo la responsabilidad de enfrentar el problema de inseguridad e ineficiencia en el transporte en todas sus modalidades. En el caso del transporte público de pasajeros, es indispensable modificar la modalidad de concesión estimulando la competencia y estableciendo periodos de 5 o 10 años máximo para usufructuarla. Hay que romper el esquema tradicional.

La gestión del Viceministerio de Transporte tiene 54 meses. Ojalá priorice acciones y decisiones en el transporte público de pasajeros. Respetar, revisar, modificar o derogar la ley transitoria para la estabilización de la tarifa del transporte público de pasajeros es insuficiente para modernizar uno de los sectores más sensibles en la economía y en el bienestar social.

Hay 54 meses en perspectiva. Ojalá que la responsabilidad sea la norma y que antes que finalice este gobierno, El Salvador goce de un sistema multimodal de transporte eficiente, seguro y competitivo.

Tags:

  • Viceministerio de Transporte
  • servicio público
  • tarifa
  • seguridad vial

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