8 de 2018

1. El Salvador iniciará el año esperando la aprobación del presupuesto general y la decisión de EUA sobre la vigencia del TPS. Su cancelación afectaría a casi 200 mil compatriotas que trabajan y pagan impuestos en EUA, quienes enfrentarían el dilema de quedarse ilegalmente o separarse de sus familias (coterráneos con TPS tienen más de 192 mil hijos nacidos en EUA).

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Rafael Ernesto Góchez / Colaborador de LA PRENSA GRÁFICA

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2. Elecciones municipales y legislativas. Numerosos ciudadanos no se sienten representados por los gobernantes y aún no saben si irán a votar. Se vaticinan votaciones reñidas en varios municipios y es probable que pueda generarse una diferente aritmética en las decisiones legislativas. El desempeño del TSE estará en la vitrina nacional e internacional.

3. Elecciones de segundo grado. En los últimos ocho años, la ciudadanía ha comprendido la relevancia del Órgano Judicial en general y de la Sala de lo Constitucional en particular. Miles de ciudadanos dudan que la próxima elección de magistrados de la Sala –al igual que la del fiscal general– se haga con base en criterios de idoneidad, independencia y honradez.

4. Lucha contra la corrupción e impunidad. Se visualizan acciones en dos rutas: (a) la vía judicial se expresará en la aplicación de la ley a bandas delincuenciales y en las sentencias de casos emblemáticos, y (b) la vía política se observará en movimientos cívicos exigiendo transparencia en la administración pública y rechazando el clientelismo y nepotismo.

5. Vulnerabilidad socioambiental. La pobreza, el caótico proceso de urbanización y la erosión del suelo potencian los efectos del cambio climático. Un terremoto, tormenta tropical o sequía pondría en jaque a la economía nacional. El Salvador está muy endeudado y tiene servicios públicos deficitarios, lo cual limita su capacidad para superar la adversidad.

6. Incidencia en políticas públicas. Tres de los mayores retos son los siguientes: (a) enmarcar la prevención de la violencia delincuencial dentro de la política social, (b) reconocer a la familia como la unidad social básica y la vinculación escuela-familia-comunidad como la base de la sana convivencia, y (c) transparentar y sanear las finanzas públicas.

7. Temas de país. La sociedad civil está lista para debatir tres puntos estratégicos: (a) la calidad de los servicios y espacios educativos, (b) la cooperación pública-privada para viabilizar la integración social y económica de la población repatriada, y (c) las oportunidades de inversión y empleo en los 14 departamentos del país.

8. Contienda electoral presidencial. Los opositores con mayores probabilidades de ganar han asumido –a priori– que ser empresario es suficiente para ocupar la silla presidencial. El partido oficialista supone que puede seguir haciendo lo mismo sin ningún costo electoral. Ambas posiciones sugieren que las cúpulas partidarias continúan encerradas en cuatro paredes.

Conclusión: 2018 será un año intenso y controversial. Los partidos políticos están divorciados de la sociedad y su lucha por controlar el aparato estatal pudiera llevar al caos. Este riesgo pone los ojos en la actuación de las instituciones democráticas durante los próximos meses. La esperanza está puesta en la voluntad, participación y acción ciudadana. Es decir, el destino del país es demasiado importante para dejarlo solo en manos de un grupo de burócratas.

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