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A pesar de todas las fallas y errores prevalecientes, nuestro esquema político básico es estable y eso hay que preservarlo

Como decimos en el título de este Editorial, la estabilidad sostenida del esquema institucional es un factor del más alto valor, que hay que preservar y promover en forma sistemática; pero la estabilidad no basta: hay que hacer que cumpla su función como sustento del progreso.
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Los trastornos recurrentes que se viven en el ámbito político del país fácilmente distorsionan el juicio sobre la realidad integral de nuestro proceso, lo cual provoca un aluvión cotidiano de sensaciones negativas sobre lo que podría suceder de aquí en adelante. Es cierto que hay múltiples fallas y gran cantidad de errores que al acumularse dan una inmediata sensación de que no hay salidas identificables dentro del laberinto en que nos movemos; sin embargo, la peor actitud que se puede tomar en cualquier circunstancia es la de abandonarse a lo irremediable, como si estuviéramos ante una fatalidad contra la cual es muy poco lo que se puede hacer. Por el contrario, lo que la lógica democrática posibilita es la cadena de rectificaciones que, de ser asumida como un reto regenerador, se vuelve un factor de apoyo constructivo para orientar la evolución por los carriles más beneficiosos.

Basta hacer un somero contraste entre lo que políticamente se tenía antes del arranque de la democratización, allá a comienzos de la década de los 80 del pasado siglo, y lo que se tiene ahora para constatar que, pese a todos los quebrantos de recorrido, hemos avanzado significativamente en cuestiones básicas, como la libertad de competencia y acceso al poder, la participación de la voz y la voluntad de la ciudadanía en el desenvolvimiento del proceso nacional y el reconocimiento progresivo por parte de la institucionalidad de su rol como delegada del poder ciudadano. Todo esto hay que valorarlo en lo que significa, sin dejar desde luego de mantener el dedo sobre el renglón de las conductas que se presentan sobre todo en las más altas instancias del poder público, donde hay muchos aspectos por controlar y por redefinir.

Desde que se puso en marcha el esquema actual de competitividad política también se ha puesto de manifiesto el proceder responsable del electorado, que en ningún momento ha producido cambios abruptos ni mucho menos quiebres desestructuradores. Esto hay que reconocerlo como un valioso seguro de salud del proceso. En los momentos actuales, la ciudadanía está a la expectativa de lo que pueda pasar, porque hay mucha incertidumbre sobre el tratamiento de los principales problemas nacionales, ya que las fuerzas políticas se mantienen enfrascadas en un forcejeo constante, que no se ve por dónde podría ser superado con miras a servirles verdaderamente a los intereses de la nación en su conjunto.

Esas dudas se multiplican en la medida que la lucha por mantener o alcanzar posiciones de poder se hace más intensa, con decisiones electorales a la vista. Habría que hacer mucha conciencia y presión para que la competencia interpartidaria, que desde luego es natural en la democracia, no siga actuando como elemento obstructor de la buena gestión en todos los sentidos. Como decimos en el título de este Editorial, la estabilidad sostenida del esquema institucional es un factor del más alto valor, que hay que preservar y promover en forma sistemática; pero la estabilidad no basta: hay que hacer que cumpla su función como sustento del progreso.

Esperamos que las iniciativas anunciadas para entrar en fase de gobernabilidad real fructifiquen de veras. De eso depende en mucho que pueda darse un giro positivo tanto en las percepciones ciudadanas como en la efectividad del proceder institucional. Estamos en un punto decisivo, que bajo ninguna circunstancia hay que permitir que derive en punto muerto.

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