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A propósito de la CIDH y la pandemia en El Salvador

Esto sí debería preocuparles, pues el denunciado ante la CIDH puede ser el Estado salvadoreño.

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Javier Castro De León

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La semana pasada se habló mucho sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando el Gobierno comunicó que denunciaría a la Sala de lo Constitucional y a la Asamblea Legislativa, lo cual ha quedado claro que es improcedente. Sin embargo, a propósito de que se han referido a dicha instancia internacional, valdría la pena tener presente la reciente resolución de la CIDH: "Pandemia y Derechos Humanos en las Américas", para que no se irrespeten derechos fundamentales.

En relación con la denuncia que el Gobierno haría ante la CIDH, es una acción inadmisible, de conformidad con las reglas del sistema interamericano, pues quienes pueden acudir ante la misma son las personas u organizaciones de la sociedad civil para denunciar a un Estado miembro por violaciones a derechos humanos; no es una instancia internacional para resolver controversias entre órganos de Estado de un mismo país.

Al escuchar esto, vino a mi memoria cuando en 2012 la Asamblea Legislativa, con el fin de no cumplir un fallo de la Sala de lo Constitucional, interpuso una demanda ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCAJ), alegando conflictos entre órganos de Estado, cuya resolución, dejando sin efecto la decisión de la Sala, fue declarada inaplicable por esta. La CIDH no es ni la CCAJ ni la Secretaría General de la OEA, pues tiene autonomía con respecto a esta última; así que ojalá se haya descartado acudir ante la CIDH, para no cometer un absurdo jurídico en el plano internacional.

Ya que el Gobierno se ha referido a la CIDH, lo que me parece relevante para que le preste especial atención es a la resolución 1/2020: "Pandemia y Derechos Humanos en las Américas", a efecto de que se le dé estricto cumplimiento a las distintas recomendaciones que se dan a los Estados miembros para enfrentar la crisis sanitaria global. Se señala que se debe proteger la salud y la vida de los habitantes y al mismo tiempo respetar sus derechos fundamentales; así como que no haya restricciones desproporcionadas a derechos, que se respete la transparencia y el acceso a la información, la protección de datos personales, y la libertad de prensa, entre otros. Es notorio que mucho de lo contenido en dicha resolución no se ha cumplido, tal como se advierte en los informes de la PDDH y en resoluciones de la Sala de lo Constitucional, que señalan que ha habido múltiples vulneraciones a derechos fundamentales por parte del Gobierno durante la emergencia. Creo que esto sí debería preocuparles, pues el denunciado ante la CIDH puede ser el Estado salvadoreño.

Muchos salvadoreños esperamos que durante la pandemia, el Gobierno proteja de la mejor forma la salud y vida de la población y se respeten sus derechos fundamentales, así como se vele por el sustento de las familias, siendo para esto crucial que prevalezcan los criterios sanitarios y técnicos, y ojalá se escuche a los expertos en medicina. Es momento de sumar, corregir, rectificar y reforzar.

Precisamente, en estos momentos en los que está culminando el primer año de gestión del actual Gobierno, es imperativo e impostergable que exista un genuino compromiso con el orden constitucional, la separación de poderes, los derechos humanos, y la transparencia.

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