A propósito de la Ley Especial Justicia, Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional

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Centro de Estudios Jurídicos

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El pasado 26-02-2020 fue aprobada por la Asamblea Legislativa la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, con el objeto de regular la aplicación de la justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional, con relación a los delitos ocurridos durante el conflicto interno que vivió el país entre 1980 y 1992, en el cual se cometieron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Dicha ley tiene por objeto establecer las medidas para el cumplimiento de las obligaciones del Estado relacionadas con el derecho a la verdad, la garantía de no repetición y la reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante ese conflicto.

La ley fue redactada por una comisión especial de la Asamblea Legislativa, a partir de lo establecido por la Sala de lo Constitucional en sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993. En la referida sentencia, se exhortó a la Asamblea Legislativa a decretar un marco normativo de justicia transicional y restaurativa, basado en los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición con relación a dichos crímenes.

Como mecanismos para cumplir con dicha sentencia, entre otros, la ley establece que los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que hayan sido cometidos durante el conflicto, independientemente del perjuicio que hayan causado a la víctima, son imprescriptibles; se crea el Consejo (CONREPARA) a fin de establecer, entre otras acciones, una política nacional de reparación y tomar las medidas necesarias para hacer efectivas sus distintas modalidades; se establece que los jueces podrán reducir a la cuarta parte la totalidad de las penas a imponer; además, podrán conmutar la pena impuesta y podrán otorgar penas sustitutivas a la pena privativa de libertad, atendiendo a razones de edad, salud y similares.

Por algunas de las medidas antes señaladas, el pasado 28-02-2020, el presidente de la República vetó el decreto que aprobó dicha ley por considerarlo inconstitucional; a su criterio la misma no cumple con los parámetros que fueron determinados en la sentencia. ONG de Derechos Humanos así lo exigieron al mandatario. En este caso, si la Asamblea Legislativa ratifica el contenido de dicha ley rechazando el veto, será la misma Sala la que dirima el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, y determine si es constitucional o no. Esto, no si antes la misma Sala decide de oficio verificar el cumplimiento de su propia sentencia.

En este punto de la historia es necesario encaminar los esfuerzos hacia una transición democrática que nos dé paz, que respeten la memoria, dignidad humana y que se garanticen los derechos de las víctimas a la justicia y a la verdad; garantizar la no repetición de tales crímenes. Es de vital importancia evaluar y determinar si la ley cumple no solo la sentencia sino con los parámetros establecidos por la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, es una oportunidad para que el presidente ordene a su ministro de Defensa abrir los archivos y colaborar con tribunales, Fiscalía y con las resoluciones del IAIP que ordenan su acceso. Así como dejar de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa a buscar medidas cautelares que obstaculizan el acceso a la verdad y la justicia.

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