A propósito del 9-F

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El art. 174 de la Constitución nicaragüense prohíbe la reelección presidencial. La Sala de lo Constitucional, completamente politizada, vació de contenido esa disposición, y hoy, Ortega lleva doce años ininterrumpidos en el poder.

En Honduras, el art. 239 de la Constitución incluía esa misma prohibición, pero también ahí la Sala de lo Constitucional, alejada del derecho, desdibujó la prohibición y permitió que el presidente Juan Orlando Hernández se reeligiera.

En Bolivia, el art. 168 de la Constitución permitía la reelección presidencial por una sola vez, pero Evo Morales, luego de su tercer período en el poder, quiso presentarse a un cuarto y el Tribunal Constitucional, carente de imparcialidad, desdijo a la misma Constitución.

En Venezuela, el actual régimen antidemocrático también se forjó con sustituciones y cuestionables reformas constitucionales, entre cuyos principales propósitos estaba permitir la reelección presidencial.

Es claro que en Latinoamérica el deterioro democrático se basa, muchas veces, en las maniobras para perpetuarse en el poder. Los acontecimientos del 9-F nos enseñaron que no somos inmunes a los golpes constitucionales y, aunque la Sala de lo Constitucional mitigó jurídicamente la amenaza, el gravísimo riesgo continúa latente. Por eso es preciso y urgente construir garantías que prevengan y eviten a toda costa el rompimiento del orden constitucional.

El art. 152 ord. 1° de nuestra Constitución (Cn.) prohíbe la reelección presidencial inmediata, sucesiva o continua. De ahí que la Sala partiendo precisamente de principios democráticos ha configurado el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia así: 1. La Constitución no puede reformarse para permitir la reelección presidencial (art. 248 Cn.); 2. Violarlo obliga a la insurrección (art. 88 Cn); 3. La Asamblea Legislativa debe desconocer al presidente que continúe en el cargo al finalizar su período (art. 131 ord. 16°); y 4. Promover la reelección presidencial es causa de pérdida de los derechos del ciudadano (art. 75 ord. 4° Cn).

Es importante analizar en contexto la situación, siendo siempre la principal prioridad el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el absoluto respeto al Estado de Derecho, la garantía y protección del orden constitucional. El mismo Código Penal regula hoy por hoy los delitos de rebelión, sedición, la proposición, conspiración y apología ante cualquier acto o situación que pretenda atentar contra ellos.

Todo acto de promoción o instigación que altere o ponga en riesgo de alguna manera el orden constitucional debe ser condenado inmediatamente y elevado ante las instancias judiciales consecuentes, quienes tienen que actuar con la debida diligencia y celeridad en garantía de la Constitución. Además, consideramos necesario analizar si la legislación penal es suficiente para disuadir o sancionar estos tipos de actos, o es preciso incorporar a esta normativa la tipificación de conductas para proteger el principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia y se preserve el orden constitucional.

El 9-F fue por demás lamentable, con todas las implicaciones derivadas de tan fatídico día para nuestro país; sin embargo, debe ser oportunidad para impulsar una activa protección de la Constitución, y para enfrentar cualquier atisbo de acciones dirigidas a minar pilares fundamentales de nuestra Constitución en los que se basan nuestras libertades. Es momento que de una vez por todas nos enfoquemos en construir una agenda de país en beneficio de todos los salvadoreños.

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