¿A quién benefician?

Estamos en plena campaña y la oferta partidaria que se escucha ofrece cambiar nuestra realidad.
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Sandra de Barraza / Columnista de LA PRENSA GRÁFICA

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Creen que con leyes se disminuye y hasta erradica la pobreza; creen que con leyes se hacen deportistas del más alto nivel; creen que con leyes se evitan las extorsiones; creen que con leyes se aseguran los alimentos para todos; creen que con leyes conservaremos el agua; creen que con leyes se equiparan las oportunidades; creen que con leyes las mujeres y los niños estarán libres de violencia; creen que con leyes todos tendremos oportunidades de empleo. ¡Ojalá así fuera! Pero... las leyes no son varitas mágicas.

Reviso la página web de la Asamblea Legislativa. Tienen el registro de leyes y decretos por año. Me interesan los últimos 3 porque son los que permiten hacer juicios de valor sobre el trabajo que hacen las diferentes comisiones y el pleno. En el registro de leyes y decretos por año, son pocas las leyes y las leyes especiales aprobadas. Abundan las prórrogas, las reformas, las disposiciones transitorias, las exoneraciones, los convenios, las declaraciones, las ratificaciones, las autorizaciones, las interpretaciones, las aprobaciones, las derogaciones, los permisos y otros más.

Es tarea analizar cuidadosamente los resultados de cada año de trabajo. Esas páginas son de utilidad porque la productividad se mide por la cantidad, pero la eficacia por la viabilidad, la efectividad y el realismo de los decretos. Conviene visitar el sitio de la Asamblea para analizar y para enjuiciar el carácter de la producción.

Convendría, para provocar el juicio de cada uno de los visitantes y potenciales electores, estructurar los aportes por tema legislativo en coherencia con la temática de las Comisiones Permanentes. Al final del periodo los electores deberíamos conocer las leyes aprobadas, por qué y a quiénes benefician. A final del periodo deberíamos conocer las reformas que se aprobaron, por qué y a quiénes benefician. Y al final del período deberíamos tener indicadores para enjuiciar el impacto que las leyes han tenido en los grupos a los que se supone quieren beneficiar.

No es fácil evaluar la efectividad de la producción legislativa. No es fácil enjuiciar a los diputados que representan, por ejemplo, los intereses en el departamento en el que resido. ¿Qué decretos y leyes han aprobado que benefician a la población de mi departamento? Las modificaciones que hicieron en el presupuesto ¿benefician a la población del departamento? Y las exoneraciones y autorizaciones ¿en qué afectan a la población del departamento? Falta relación representante/representado.

Hay que preguntar porque recientemente sufrimos la manifestación de los taxistas que demandan a la Asamblea Legislativa que les “proteja el negocio”. Están protestando en contra de Uber. Dicen que los está dejando sin mercado y... ciertamente los deja sin mercado porque el servicio de Uber es mucho más barato que el servicio de los taxis nacionales. ¿Qué encarece el servicio de taxis? ¿El costo del permiso y la renovación? ¿Los costos laborales?

¿Quiénes son los dueños de las líneas de taxis? ¿A quién quieren los taxistas que se beneficie? Y ¿a quién van a beneficiar los legisladores?, ¿a los usuarios que son muchos o a los propietarios que son pocos? En el país hay muchos grupos de presión y de interés que atentan contra la competencia y el libre mercado. Y esto atenta al bien común.

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