Abogados y políticos: leamosla Constitución y leyes

El miércoles 24 la Asamblea Legislativa recibió la iniciativa de ley del presidente de la República, por medio del ministro de Hacienda, para reformar la Ley de Pensiones.
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La Constitución establece (Art. 159) que para la gestión de los negocios públicos habrá las secretarías de Estado que fueren necesarias, entre las cuales destaca el Capítulo II, Sección Segunda, Trabajo y Seguridad Social (Arts. 37 al 52), que regula las relaciones obrero patronales y que un abogado extranjero dijo que era el mejor Contrato Colectivo de Trabajo que había visto.

La Constitución de 1950 (Art. 136) incluyó en la Sección Trabajo y Seguridad Social la disposición que estableció que la seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio, al cual contribuirán los patronos, trabajadores y el Estado (Art. 50 Cn. de 1883), contribución que ya no hace el Estado en el ISSS ni en las AFP; y el Gobierno del presidente Osorio, en mayo de 1954, decretó la Ley del Seguro Social que creó el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, institución de derecho público que cubriría en forma gradual la enfermedad, accidente de trabajo, maternidad y muerte; y posteriormente invalidez, vejez y cesantía involuntaria.

El ISSS es administrado por el Consejo Directivo presidido por el ministro de Trabajo y Previsión Social, acompañado de representantes de los ministerios de Trabajo y Previsión Social, Hacienda, Salud Pública y Economía, dos de los trabajadores, dos de los patronos, uno por el Colegio Médico, otro por la Sociedad Dental y el director general nombrado por el Consejo Directivo.

El Consejo de Ministros (Art. 167) decretó el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, encomendando sus funciones a cada Secretaría de Estado y al Ministerio de Trabajo y Previsión Social la gestión de las relaciones laborales y, entre otros, “vigilar el cumplimiento de las normas, resoluciones, acuerdos de trabajo, seguridad y de previsión social...”, por lo que llama la atención que haya sido por medio del ministro de Hacienda que el presidente le haya dado iniciativa de ley a las modificaciones de la Ley de Pensiones y no la ministra de Trabajo y Previsión Social.

El Art. 163 Cn. establece que “todos los decretos, acuerdos, órdenes y providencias del presidente de la República deberán ser autorizados y comunicados por los ministros en sus respectivos ramos... Sin estos requisitos no tendrán fuerza legal ni deberán ser obedecidos”.

Se supone que la función principal del Ministerio de Trabajo es garantizar a los trabajadores el cumplimiento patronal de todos sus derechos constitucionales y legales y no es posible que una reforma legal tenga por objeto trasladar los fondos propiedad de los trabajadores, provenientes de las cotizaciones obrero-patronales, que han alimentado sus cuentas personales de ahorro para gozar de pensiones por vejez, puedan ser trasladadas a un tercero (el fisco) sin pedirles su consentimiento, violándose así su seguridad jurídica al cambiarles su deudor, su derecho a la conservación y defensa de sus derechos, a la libre disposición de sus bienes, a la libertad de contratar, reconocidos por los Arts. 1, 2, 11, 22 y 23 Cn.

El mejor referéndum que puede hacer el Gobierno sobre este tema sería de constituir una AFP estatal y dejar libremente a los trabajadores optar por trasladar sus ahorros a la nueva entidad, para no violar las citadas disposiciones constitucionales y determinar el grado de confianza de los ahorrantes en su gobierno, pero con una condición adicional: que esa libertad no solo sea para los trabajadores del sector privado, sino que sea absoluta, que incluya a los del sector público con un sistema que les garantice su estabilidad si prefieren las AFP privadas.

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