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Aborto: un diálogo embrollado

La semana recién pasada, un grupo de legisladoras norteamericanas, todas del Partido Demócrata, visitaron El Salvador con el fin, expresaron, de recabar información sobre la situación de las mujeres a las que ellas consideran víctimas de una legislación restrictiva –"criminalización del aborto", dice el conocido mantra– en materia de aborto.

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Federico Hernández Aguilar

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En una conferencia de prensa ayuna de preguntas incisivas, las funcionarias hicieron varias afirmaciones gruesas. Dijeron, por ejemplo, que en nuestro país existen "claras limitaciones legales" para el tratamiento de las complicaciones obstétricas; aseguraron que aquí las mujeres sufren "violencia institucional" producto de las leyes que penalizan el aborto, y dieron por hecho que la legislación salvadoreña es un ejemplo de lo que no debe hacerse si se quiere defender los derechos de la mujer.

Todas estas aseveraciones podrían disculparse si las emitieran personas ignorantes en derecho y carentes de una mínima capacidad de análisis. No es el caso en ninguna de las cinco legisladoras que nos visitaron. Imposible creer, por tanto, que alguien que trabaja en la elaboración de leyes no sepa que en El Salvador es literalmente imposible que una mujer vaya a la cárcel 30 o 40 años por haber abortado. Cualquiera que con una perceptible actividad neuronal lea nuestro Código Penal advertirá de inmediato que tales condenas graves no tienen relación con la tipificación del aborto.

Ahora bien, ¿por qué tomar los procesos por homicidio (agravado o no) que algunas mujeres sobrellevan, y a las que estas funcionarias dicen haber visitado en prisión, para volver a acusar a nuestro país por su legislación en favor de la vida humana embrionaria? ¿Cuál es el propósito de forzar y empaquetar los casos en una misma estructura silogística, presentándolos como pruebas irrefutables de que en El Salvador se encarcela a mujeres por "complicaciones obstétricas" o se ejerce sobre ellas "violencia institucional" al no permitirles disponer de las vidas de sus bebés?

A propósito del tema, circula en redes sociales una entrevista que el presentador de CNN Camilo Egaña hizo recientemente al fiscal general, Dr. Raúl Melara, y en la que con una retahíla de epítetos –"restrictivas", "crueles", "medievales", "draconianas"– el primero hace referencia a las leyes que en El Salvador protegen la vida desde la concepción. Tras esta andanada de calificativos, y al ver que el fiscal no perdía la compostura, Egaña arremetió contra su entrevistado con el siguiente alegato emocional y personalista: "Si mi hermana en El Salvador, por complicaciones del embarazo, tiene un aborto espontáneo, su Fiscalía es capaz de meterla presa y echarle 30 años, y si un médico le ayuda, hasta 12 años".

Raúl Melara respondió, claro, que aquello no era cierto, a lo que Egaña replicó, declarándose ofendido, que no insultara "su sensibilidad y su inteligencia". ¡Uf! Qué difícil dialogar con alguien que así reacciona frente a respuestas que son lacónicas porque son reales. En nuestro país, desde luego, ninguna mujer puede ir presa tres décadas por un aborto espontáneo. Y quien así lo crea, por muy presentador internacional que sea, ha sido sorprendido en su buena fe.

Pero ojo: ni Camilo Egaña ni CNN, ni siquiera las cinco legisladoras que nos visitaron la semana pasada y repitieron idénticas consignas, son el problema de fondo. Ellos son síntomas de algo mucho más grave, y es la forma oblicua, maniquea, furiosamente antitética, que ha adquirido el debate público sobre el aborto, tanto en El Salvador como a nivel global. Campea la desinformación antes que la verdad. La emoción supera a la razón. La casuística por encima de la objetividad científica. El prejuicio y la descalificación antes que la humildad para escuchar, contrastar y aprender. Lamentable.

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