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Abuso de la reserva de información

No hay pues modo de justificar que, ante el riesgo en que se encuentran las finanzas públicas debido a la crisis sanitaria, a la paralización económica que vino aparejada así como al endeudamiento contraido por la administración Bukele, el ciudadano no pregunte por cuánto se gastó, en qué se gastó, a quién se le compró y para que se ocupó cada compra, por baladí que parezca.

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La Prensa Gráfica

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En el marco de la pandemia, el gobierno está abusando de los índices de información reservada de sus ministerios; recientemente, tanto el ministro de Agricultura y Ganadería como el de Obras Públicas fueron denunciados por interpretar de un modo antojadizo la normativa al respecto.

El espíritu de la Ley de Acceso a la Información Pública acerca de la información con reserva se resume en que debe procederse de ese modo excepcional si y solamente si el daño que pudiera producirse con la liberación de la información fuere mayor que el interés ciudadano por conocerla.

No hay pues modo de justificar que, ante el riesgo en que se encuentran las finanzas públicas debido a la crisis sanitaria, a la paralización económica que vino aparejada así como al endeudamiento contraído por la administración Bukele, el ciudadano no pregunte por cuánto se gastó, en qué se gastó, a quién se le compró y para qué se ocupó cada compra, por baladí que parezca.

Pesquisas de diversos medios de comunicación apuntan a que el principal gasto del gobierno durante la pandemia no fue para fortalecer la red hospitalaria sino para brindar ayuda de modo directo a la población a través de paquetes alimentarios y de subsidios en efectivo. Aunque el objetivo tenga una inspiración asistencial, el modo en que se ha procedido siembra dudas sobre si hubo criterios sensatos en la compra, suficientes controles en la logística, si no hubo sesgo partidario ni fanfarronería política en la entrega, y si no se defraudó al fisco en alguna estación de todo ese camino.

El encargado de la cartera que ha estado en el centro de la confección de los paquetes, el de Agricultura y Ganadería, consideró recién que durante un mínimo de dos años, los salvadoreños no puedan acceder al examen especial del proceso a través del cual adquirió, distribuyó y liquidó la ayuda alimentaria a familias vulnerables por el covid-19. La argumentación es pobre, y el titular del ramo no ha hecho ningún esfuerzo por transparentar la situación. Es uno de los ministros menos visibles del régimen, su comunicación es fundamentalmente por redes sociales y sus apariciones públicas son en ambientes controlados de modo total, con convocatorias exclusivas para el periodismo oficial y su personal de prensa.

Sin duda el presidente de la República no lo ha incluido en el listado de los funcionarios que sí pueden hacer gira de medios, consciente de lo flojo del piso en que camina su ministro de Agricultura.

Menos evasivo ha sido el ministro de Obras Públicas, un funcionario con un histrión desarrollado que está dispuesto a hacer las veces de vocero de su ramo. Pero su discurso es inconsistente, y quiere reducirlo a que sólo ha reservado datos de licitaciones no concluidas cuando en realidad está queriendo hacer pasar por excepcional información que es oficiosa según el lineamiento número tres del mismo IAIP.

O hay una ignorancia real sobre los procedimientos de ley en materia de transparencia, así como un desconocimiento del derecho a la información y su inalienabilidad, o hay una línea de entorpecer los intentos ciudadanos, ya sea de personas naturales o de las jurídicas de la contraloría nacional, para acceder a la data pública. Ninguna de esas alternativas deja bien parado al gobierno.

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