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¿Por qué los políticos parecen ahora mucho más decadentes que antes?
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Por antes me refiero a hace siete años, antes de que iniciara la alternancia, cuando la derecha le temía inocentemente a la izquierda como fuerza de cambio y cuando los areneros aún tenían cuatro expresidentes.

Sabíamos de funcionarios corruptos, pero solo cuando le habían robado descaradamente al Estado, a plena luz del día, léase Romeo Majano en 1995, Raúl García Prieto en 1999 o Carlos Perla en 2003. Muchos otros casos igual de escandalosos no veían la luz, o las mismas instituciones encargadas de perseguirlos los abordaban de modo tibio, largo etcétera que incluye faltantes y malversaciones en CEL, SETEFE, INAZUCAR, abono japonés y otras hierbas.

Acaso por la falta de acceso a la información sobre esos otros casos, o por la ingenuidad ideológica de nuestra sociedad, teníamos la impresión que había algunas manzanas podridas en la clase política pero que en términos generales la componía gente respetable de diversos signos ideológicos, preocupada por mantener al país en el derrotero democrático, pese a su dramática desconexión, acentuada en el caso de algunos gobiernos areneros, de los problemas de las mayorías.

Siete años después, tenemos claro que la alternancia era condición sine qua non para consolidar nuestra vida democrática pero que no es la solución a las deficiencias en el diseño de nuestra nación. Sabemos que el pensamiento de izquierda dejó atrás al FMLN. Sabemos que la pérdida del control del aparato público surtió un extraño efecto en la derecha tradicional, que en lugar de progresar se volvió más intolerante.

La crisis de ambos partidos, que no es la crisis de las visiones del país que les inspiraron, era natural. Eran instrumentos creados para la confrontación y la aniquilación, y ese germen está en su ADN, pujando por heredarse a una tercera generación de sus dirigentes.

Pero la decepción general que tenemos acerca de ambos partidos parte de otra convicción: no les interesa el servicio público, sino el control del aparato público como herramienta para sus emprendimientos, y para la persecución de sus contrincantes. Ese golpe de realidad comenzó con la alternancia, y la sucesiva publicación de auditorías e informes sobre licitaciones amañadas, confabulaciones para adjudicar, encarecer y defraudar al erario público, y el metódico abuso del gobierno, desde el municipal hasta el nacional, para darle trabajo a los correligionarios, capacitados o no para desempeñar un cargo técnico.

En menos de un mes nos enteramos de parlamentarios que una vez perdido el pudor insisten con defender unos artículos de la Ley de Probidad elaborados ad hoc para preservarle el sueño a algunos exfuncionarios; de los burdos métodos del exdirector del ISSS; de la tozudez del ministro de Hacienda en el tema previsional; y que el exfiscal consideró procedente gastarse el equivalente a 93 salarios mínimos en el alquiler de una camioneta.

Mucha de esta información vio la luz merced a la Ley de Acceso a la Información Pública, formidable herramienta que los ciudadanos deben conocer, hacer honrar y utilizar. La ley, aprobada en diciembre de 2010, ha tenido unos efectos formidables en el empoderamiento de la ciudadanía a través del conocimiento de la cosa pública.
 
La ilustración de los ciudadanos en esta materia no es poca cosa. Con el espacio político electoral copado por dos partidos con una misma agenda egoísta y nepótica, el futuro de la vida democrática depende de una ciudadanía decidida, valiente, descreída y necesariamente indignada. En El Salvador, siete años después de la alternancia, basta estar informado para estar indignado.



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