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Acefalía en la Corte de Cuentas

“Los títulos de abogados falsos y las autoridades”. Ese fue el nombre que dimos a nuestro artículo del 12 de febrero de 2001, publicado en esta columna.
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 En esa oportunidad, al referirnos a las graves implicaciones que tenían las titulaciones falsas dijimos: “Esto no solo implica que haya miles de ‘juristas’ que no están académicamente preparados para ejercer la profesión, sino también que, del hecho que alguien sea capaz de comprar un título académico, podemos deducir su integridad y la manera como ejercerá aquella”.

Desde entonces exigíamos que la Corte Suprema iniciara un proceso de depuración de los abogados, ejerciendo la facultad que la Constitución le otorga en el numeral 12 del artículo 182. Por diversas razones eso nunca ocurrió y hoy seguimos sufriendo las consecuencias.

En relación a la Corte de Cuentas, la Constitución establece que el presidente y los magistrados deben ser personas notoriamente honradas y competentes. Pero la Asamblea, en la sesión plenaria de esta última semana, hizo caso omiso de tales requisitos, y sin comprobar fehacientemente estas cualidades, eligió presidente y magistrados de la Corte de Cuentas. Dentro de los profesionales electos destaca el hecho que se haya escogido a una abogada cuya titulación académica ha sido cuestionada e investigada, existiendo información pública que compromete seriamente su integridad ¿Qué honradez puede tener una persona que estuvo dispuesta a ser parte de una perniciosa red de titulación hecha en masa y por empresa? ¿Qué tipo de actuaciones se pueden esperar de una persona así en el interior de la institución fiscalizadora de la hacienda pública?

A esto hay que añadir que esta misma persona, un día antes de resultar electa, presentó su renuncia al partido político del cual era afiliada y dirigente activa. Esto lo hizo teniendo pleno conocimiento que la Sala de lo Constitucional, cuando declaró que la pasada elección de magistrados de la Corte de Cuentas había sido hecha violando la Constitución, dijo que la elección debía repetirse nombrando a profesionales que no tuvieran afiliación partidaria que comprometiera su independencia. Tal renuncia –en la forma y tiempo que fue interpuesta– era un claro intento de burlar lo ordenado por la Sala de lo Constitucional.

La sala también había dicho que la Asamblea Legislativa al elegir al presidente y magistrados de la Corte de Cuentas, debía comprobar con atestados suficientes el cumplimiento de los requisitos constitucionales, y debía explicar los motivos de su futura elección, de forma tal que no quedara ninguna duda sobre cuáles serían las razones por las que se escogería a unas personas y no a otras.

La Asamblea, al haber procedido como lo hizo en la última plenaria, eligiendo a quienes eligió, incumplió una vez más con lo ordenado. No se exigió ni honradez ni competencia notoria, pero tampoco se propició la imparcialidad de quienes a partir de la elección llegarían a dirigir tan importante institución.

La Sala de lo Constitucional ya había pedido informe a la Asamblea sobre el cumplimiento de la sentencia, por lo que al ser de conocimiento público y notorio la elección de nuevos funcionarios, la sala procedió a verificar si su decisión había sido cumplida.

No hay que olvidar que la función jurisdiccional se concreta no solo con decidir el derecho, sino también con la función de hacer cumplir ese derecho. Como no podía ser de otra manera, la sala comprobó que la Asamblea no había cumplido la sentencia y así lo declaró el día 21 de marzo.

Ahora por la terquedad de la Asamblea estamos con una Corte de Cuentas acéfala. El único camino que queda y que es el único que siempre ha existido, es cumplir con la sentencia. ¡Ya basta señores diputados! Hay muchísimas personas honradas, capaces y ajenas a intereses partidarios; elijan a tres de ellas.

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