Acuerdo de Paz y la guerra fría

Mucha alegría me causó leer las declaraciones del presidente Sánchez Cerén sobre la inconveniencia de derogar la amnistía decretada por la Asamblea para poner fin a la guerra fratricida que sufrió nuestro país, pendiente de resolución de la Sala de lo Constitucional sobre su constitucionalidad, porque existen múltiples expresiones de los salvadoreños que queremos olvidar esa etapa que nos estancó en nuestro desarrollo y que finalmente logramos superar en 1992; la Sala tiene hoy la oportunidad de por lo menos terminar esa batalla de la guerra fría que estamos viviendo, gracias a la práctica democrática establecida con el cese del fuego, aunque continúe la lucha política que ojalá deje de ser generadora de odio y retroceso entre todos nosotros, hermanos salvadoreños.
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Indudablemente la amnistía consistió en un juicio de valor sobre la conveniencia humana y política de los salvadoreños, por el cual se consideró indispensable borrar de nuestra memoria los actos inhumanos que, inspirados en ideologías opuestas, significaron la muerte de más de 70,000 salvadoreños; y que por ella hemos logrado superar el sistema político, con el máximo ejemplo del gobierno del presidente Sánchez Cerén, elegido por la vía democrática. Y precisamente amnistía significa en el mundo jurídico olvido de tales luctuosos acontecimientos y de sus efectos legales.

En España se dio la Ley de Amnistía en 1977, que incluía un amplio espectro de delitos que incluían actos políticos, rebelión, sedición y los delitos cometidos a consecuencia de ellos, durante su guerra civil, razón por la cual la amnistía gozó de la retroactividad, extinguiendo las responsabilidades penales y civiles derivadas de los mismos; y todo ello se hizo, según el párrafo inicial del Decreto que la creó, para “promover la reconciliación de todos los miembros de la Nación”; igual se fundamentó nuestra Ley de Reconciliación Nacional, de 23 de enero de 1992, y la Ley de Amnistía general para la consolidación de la paz, de marzo de 1993, que estableció en el art. 1: “Se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos políticos, comunes conexos con éstos... ya sea que se haya dictado sentencia, se haya iniciado o no procedimiento por los mismos delitos, concediéndose esta gracia a todas las personas que hayan participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices de los hechos delictivos antes referidos”.

La opinión del señor presidente es consecuente con el D. L. 436, de 8 de octubre de 1998 que contiene la Ley Especial de Ocursos de Gracia, que señala que la amnistía podrá acordarse por delitos políticos y comunes conexos con políticos, considerando como tales los señalados en el art. 21 del Código Penal de 20 abril del mismo año, que define el delito político como el relativo al sistema constitucional y a la existencia y seguridad del Estado, pero “también se considerarán delitos políticos los comunes cometidos con fines políticos, excepto los delitos contra vida y la integridad personal de los Jefes de Estado o de Gobierno”; y como “comunes conexos con políticos los que tengan relación directa o inmediata con el delito político...”, de manera que la amnistía del 92 se rige por dichas definiciones que deben aplicarse para el caso no solo de la Amnistía sino también para los casos de Extradición.

El D. L. que aprobó la Ley Especial de Ocursos de Gracia fue firmado por los vicepresidentes Gerson Martínez y Norma Guevara, Violeta Menjívar (secretaria) y diputados de ARENA y otros partidos políticos, sancionada por el presidente Armando Calderón Sol, que representa prácticamente el consenso nacional de la Amnistía de 1992 y lógicamente de su constitucionalidad.

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