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Acuerdos de Paz: ¿tenemos paz hoy?

El Gobierno ataca a la CSJ, miembros del cuerpo diplomático, tanques de pensamiento, empresarios y ahora sindicatos no afines, a los partidos de oposición, y divide al país entre ricos y pobres. Están poniendo la democracia bajo asedio.
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Entre 1980 y 1992, El Salvador vivió una guerra fratricida que declaró el FMLN, apoyado por Fidel Castro y la Unión Soviética, en el marco de la Guerra Fría. Esta tuvo un alto costo en vidas humanas y la destrucción de gran parte de la infraestructura: puentes, tendidos eléctricos y de telecomunicaciones e incluso del aparato productivo. Allí proliferaron los secuestros y los “impuestos de guerra” (una “renta” como se pide hoy), para recaudar fondos y sustentar la lucha de la guerrilla.

Los primeros intentos por lograr un acuerdo de paz los hizo el presidente José Napoleón Duarte, sin mayores avances. Pero, ya comenzaban a conformarse condiciones donde cada vez más personas iban cambiando y demandando la paz.

Con la llegada de ARENA al Gobierno, encabezado por el presidente Alfredo Cristiani, y con la mediación de Javier Pérez de Cuéllar, secretario general de Naciones Unidas, y Álvaro de Soto, su representante, se logró la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec el jueves 16 de enero de 1992. Así terminaron 12 años de conflicto y comenzó la desmovilización de la guerrilla del FMLN y su incorporación a la política democrática del país.

El costo de la reconstrucción, desmovilización de la guerrilla y la creación de una nueva institucionalidad fue alto. Nacieron nuevos gastos recurrentes tras la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública, PNC, Consejo Nacional de la Judicatura, Escuela de Capacitación Judicial, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Fondo de Protección de Lisiados, Organismo de Inteligencia del Estado y el Tribunal Supremo Electoral, entre otros.

El costo de todo esto superó los ¢21,500 millones, $2,457 millones, el doble del Presupuesto General de 1994. De esa cantidad, $1,715 millones los pagaron con impuestos los salvadoreños; y $743 millones los aportó la comunidad internacional. Pero, una buena gestión fiscal en las administraciones de Cristiani y de Calderón Sol lograron cumplir con todo sin crear una crisis de caja ni entrar en riesgos de impago, al tiempo que se redujo la pobreza de 65.8 % en 1989 a 41 % en 1999 (y hasta 30.7 % en 2006). El Salvador avanzaba, no retrocedía.

El Acuerdo terminó el conflicto armado mediante una negociación política, facilitó la democratización del país y el pleno respeto a los derechos humanos. Logros importantísimos de gran trascendencia histórica. Pero, el objetivo de la reunificación de la sociedad salvadoreña, que en un inicio iba por el camino correcto, pasado 25 años, vemos que comienza a desviarse y ahora está en involución.

El general Mauricio Vargas dice que la paz tiene dos componentes: la paz elemental como ausencia del conflicto armado (que se logró) y la reforma al sistema político, con una democracia perfectible, para que los ciudadanos logren la paz superior, mediante el crecimiento económico, social y político. Esta se debe construir a diario, y es responsabilidad de todos los salvadoreños.

Tras los Acuerdos, se buscaba lograr consensos en todo. Pero ahora, confrontamos por todo. Recientemente, Salvador Samayoa dijo: “El FMLN no llegó a tener un proyecto de nación, sino un proyecto de poder”, esto es, lograr el poder total. No es de extrañar, Schafik Hándal expresó que el FMLN entraba a “participar en la democracia (el sistema) no para que ella nos cambie a nosotros, sino para cambiarla a ella”.

En los últimos ocho años hemos visto más división social y tensión política, alejándonos de la paz que anhelan los salvadoreños. La violencia intrafamiliar aumenta, manejar es un riesgo ante los buseros, subir a un bus es peligro de asalto y para llegar a casa hay que pagar “renta”. Hoy, los cañones no son ideológicos sino de la delincuencia. El Gobierno ataca a la Corte Suprema de Justicia, miembros del cuerpo diplomático, tanques de pensamiento, empresarios y ahora sindicatos no afines, a los partidos de oposición, y divide al país entre ricos y pobres. Están poniendo la democracia bajo asedio.

Crear este clima de confrontación viola derechos humanos, como vivir en paz social, tener mejor educación y salud, un empleo digno y así elevar las condiciones de vida. Es tiempo que la PDDH llame la atención al Gobierno y otras instancias políticas y sociales, para volver a reconstruir la paz social.

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