Acuerdos de Paz y Acuerdos por la Seguridad y la Convivencia (1 de 3)

La implementación del Plan El Salvador Seguro, presentado recientemente por el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), necesita del acuerdo y la concertación de la sociedad. Y cuando se habla de esto, se aprecia que un amplio segmento de ciudadanos relaciona de inmediato este esfuerzo con los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra en 1992. Acaso porque este es el mayor referente que tenemos en materia de diálogo, o por una confusa comprensión de ambos procesos.
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La implementación del Plan El Salvador Seguro, presentado recientemente por el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), necesita del acuerdo y la concertación de la sociedad. Y cuando se habla de esto, se aprecia que un amplio segmento de ciudadanos relaciona de inmediato este esfuerzo con los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra en 1992. Acaso porque este es el mayor referente que tenemos en materia de diálogo, o por una confusa comprensión de ambos procesos.

En esa confusión, dos puntos, entre otros, inquietan a la gente y abordan recurrentemente los medios de comunicación: la tregua entre pandillas y la “negociación” con las maras. Si el Gobierno va a pactar una tregua entre las maras o si se va sentar con ellas a negociar.

La tregua es un tema que inquieta, está presente en la cotidianidad de los salvadoreños y ha estado expuesto a la palestra pública con sus respectivos defensores y detractores. Se duda de sus resultados o se magnifican, se aplaude la disminución de asesinatos y se condena el aumento de las extorsiones, pero en todo caso, lo que ha quedado claro es que fue un proceso no muy claro.

La tregua entre maras es un asunto que corresponde a ellas mismas, al margen del Gobierno, como una iniciativa propia tendiente a poner paro a una espiral de violencia cuyas víctimas principales son los jóvenes, incluidos sus propios miembros. De hecho, cualquier acto de los jóvenes mareros que redunde en disminución de la violencia será bien visto por los salvadoreños. Y más, si esos actos se acompañan de una auténtica voluntad de reinserción.

Y para reintegrarse a la sociedad, esta debe propiciar los espacios. El diálogo y la concertación de las fuerzas productivas, el capital y el trabajo, gobernados y gobernantes, pueden actuar juntos para procurar los recursos necesarios para la reinserción social de los jóvenes. Esto debe ser prioridad en el actual y los futuros gobiernos, sin importar su posicionamiento ideológico.

El Gobierno, los tres poderes del Estado, no están llamados a pactar o negociar treguas entre maras o pandillas, ni deben descuidar el elemento represivo en el combate a la delincuencia y el crimen organizado, puesto que el problema de la violencia y la inseguridad en nuestro país trasciende las estructuras pandilleriles. Pero no cabe duda que hay que buscar una solución al problema de las pandillas, que supere la represión e implique un tratamiento humano, que aborde, con la participación de la ciudadanía, el problema macro de la violencia en el país y apunte hacia las múltiples causas de la misma.

Una tregua entre maras no es una aventura que deba asumir el Gobierno ni la sociedad, sino un riesgo, de gran valentía, que los jóvenes involucrados en esas estructuras podrían tomar. No puede, incluso por definición (tregua entre pandillas), ser una prioridad en el diseño de las políticas de seguridad, y el Plan El Salvador Seguro no contempla la negociación del gobierno con los grupos pandilleriles.

Pretender una negociación con las maras, en la cual se negocien los términos de su “rendición”, es una relación mecanicista de dos fuerzas en pugna, de dos bandos, para decirlo en términos llanos, que firmaron la paz. Es fácil concluir que si los Acuerdos de Paz fueron firmados por el Gobierno y los rebeldes, el acuerdo que necesitamos para impulsar el plan diseñado por el CNSCC tiene que ser firmado por el Gobierno y los “rebeldes” de las maras. Es fácil, pero, ¿es correcto?

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