Agua, dignidad y derecho a la ciudad

En El Salvador, 1.5 millones de personas no tienen acceso al agua potable (OXFAM, 2015). En asentamientos urbanos como La Cuchilla, en el municipio de Antiguo Cuscatlán, municipio con mayor Índice de Desarrollo Humano en nuestro país, el acceso al agua potable se limita a una clase de manguera comunitaria que por horarios busca abastecer a la comunidad.
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Otros casos como Santa Gertrudis, asentamiento urbano ubicado en el municipio de Santa Tecla, recibe agua una vez al día en la madrugada durante algunas horas, una tan sola fuente comunitaria debe ser utilizada por más de 50 familias.

La crisis del agua de la que ahora habla el Gobierno, los medios de comunicación y la sociedad civil realmente es el diario vivir para asentamientos de zonas urbanas y rurales del país.

El tema del agua potable es una problemática latente en El Salvador, ha sido llevado hasta instancias polémicas por diversos sectores como: los partidos políticos, el Gobierno, empresarios y sociedad civil.

Sin embargo, su abordaje parece estar lejos de realmente dignificar a la persona humana. Hablar de acceso al agua potable es hablar de un derecho humano.

Proporcionar acceso no debe entenderse como una obligación directa que los Estados deben de cumplir tal como lo detalla la relatora especial para el Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento de Naciones Unidas (2008).

En este sentido, el Estado sí está obligado a generar un entorno propicio para la realización de los derechos humanos, como es el derecho humano al agua potable.

También, esta misma premisa genera la obligación del Estado de respetar o abstenerse de obstaculizar el ejercicio del derecho.

Ante las obligaciones del Estado, existe una deuda de la Asamblea Legislativa en generar acuerdos que permitan un entorno propicio para la realización del derecho al agua potable.

Esta deuda, más allá de verla desde la perspectiva de un proceso legal, es un proceso que termina por afectar la dignidad de familias que residen en los cientos de asentamientos del país.

La implementación de acciones como la reforma constitucional del artículo 69 son avances ante la problemática. Sin embargo, por intereses espurios a escala política la ratificación de la reforma se hizo imposible.

Todos aquellos actos que terminan por impedir fortalecer la dignidad de un ser humano son actos reprochables y contrarios a los derechos humanos.

No haber ratificado el artículo 69 es un acto opuesto al derecho a una vida digna. Asimismo, se aleja de un determinante que la Constitución establece: la persona humana como el principio y fin de la actividad del Estado.

Desde TECHO revelamos y denunciamos la realidad de las comunidades, donde la ausencia de acceso al agua potable está vigente desde décadas.

Lo anterior necesita, de forma urgente, la atención propositiva desde la dimensión política y social del país.

Es momento de que iniciemos un abordaje del derecho a la ciudad en El Salvador y hacer de la ciudad el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva donde se responda a las necesidades humanas.

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