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Al avanzar en el año preelectoral habrá que hacer cada vez mayores esfuerzos para que el clima conflictivo no llegue a límites inmanejables

Los tiempos políticos siempre son más cortos que los tiempos reales, y eso se hace más evidente cuando las urgencias competitivas se aceleran, como ocurre al estar muy cerca de llegar a las definiciones en las urnas, especialmente cuando lo que se decide en las mismas pueda determinar reacomodos fundamentales en el esquema del poder.
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Como todos sabemos, este 2017 que acaba de iniciarse es año preelectoral y en doble sentido: de los comicios legislativos y municipales de 2018 y de la cita en las urnas para elegir Presidente y Vicepresidente en 2019. Esto crea espontáneamente una atmósfera de confrontación política porque cada uno de los contendientes, y muy en particular los dos partidos que vienen compitiendo por el ejercicio del poder desde el fin del conflicto armado, es decir, ARENA y el FMLN, buscan hacerse valer ante el electorado para que éste les otorgue preeminencia en la suma de votos que se concreten en cada votación, porque de eso depende el poder que puedan ejercer de manera sucesiva. Sin embargo, de entrada debería quedar claro que tal confrontación no tendría que ser manejada como una lucha sin cuartel, porque la democracia lo que determina es que haya una competencia sustanciosa y respetuosa.

A las fuerzas políticas, y en general a todas las fuerzas en juego en el ambiente, hay que demandarles en forma constante que ajusten sus actitudes y sus procederes a lo que la dinámica democrática les exige. Hay que tener presente en todo momento que la democracia no es en ningún caso una disputa por el poder absoluto, sino que siempre es una contienda por ejercer cuotas de poder, bien desde el gobierno o bien desde la oposición. El entender, aceptar y acatar dicha lógica básica es la clave para que el régimen funcione como le corresponde según los conceptos y principios derivados de su propia naturaleza.

Estamos en una coyuntura de prueba en diversos sentidos, y uno de ellos es el que corresponde a la medición de la forma y de la magnitud en que las fuerzas partidarias han asimilado el rol que la democracia en acción les determina. Competir, democráticamente hablando, es un ejercicio de inteligencia estratégica y no una práctica mecánica que pueda irse dando al mero vaivén de las circunstancias. Por consiguiente, lo que el momento histórico nos demanda a todos en el país es organizar esfuerzos en la línea de conseguir objetivos, que deben ser visualizados de antemano con toda claridad, para no repetir lo que hasta hoy ha sido lo común: hablar desordenadamente sin ningún plan que garantice resultados.

Los tiempos políticos siempre son más cortos que los tiempos reales, y eso se hace más evidente cuando las urgencias competitivas se aceleran, como ocurre al estar muy cerca de llegar a las definiciones en las urnas, especialmente cuando lo que se decide en las mismas pueda determinar reacomodos fundamentales en el esquema del poder. Pero también hay que tener presente que dichas vísperas pueden ser propicias para que los partidos y sus dirigencias le den al electorado pruebas de que están a su servicio en el mejor sentido del término.

Esto último tendrían que tenerlo muy en cuenta los competidores políticos, que no están simplemente uno frente a otro sino ambos de cara a la población, que es cada vez más perceptiva de lo que hacen y dejan de hacer sus representantes y los que aspiran a serlo. En todo caso, lo que más debe importar es el bien común, porque de su ejercicio bien llevado depende en gran medida que el país pueda desenvolverse de manera beneficiosa para todos.

En otras palabras, las fuerzas en competencia tienen que reconocer a cabalidad los anhelos y los mensajes de la población, que busca soluciones de fondo y no simples confrontaciones.

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