Al cumplirse un nuevo aniversario del Acuerdo de Paz hay que actualizar aquellas lecciones para darle alientos al proceso nacional en el presente

Hay que comenzar por la recuperación total del Estado de Derecho, secuestrado y flagelado en tantos sentidos por el imperio de la criminalidad en el terreno.
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Mañana 16 de enero se cumplen 24 años de la firma del Acuerdo de Paz que le puso fin al conflicto histórico que se instaló en nuestro país durante tanto tiempo. Aunque la guerra en el terreno, con dos fuerzas armadas en choque, duró casi 12 años, lo cierto es que la conflictividad bélica venía de muy lejos, poniendo progresivamente sus bases en los distintos ámbitos de la realidad nacional. Cuando estalló la guerra, lo que se avizoraba más fácilmente era algún tipo de solución militar, porque parecía que el país estaba irremediablemente dividido y porque cada bando tenía apoyos del más alto nivel: el bando gubernamental estaba sustentado por la ayuda de Estados Unidos y el bando insurgente lo estaba por la ayuda del campo socialista.

Al final, sin embargo, y contra todos los pronósticos, no pudo haber solución militar, que hubiera sido en cualquier caso reproducir intensificándolos y perpetuándolos los trastornos de la división nacional, y se abrió paso la solución política, que se basaba en un acuerdo entre los enemigos enfrentados en el campo de batalla para encaminarlos a ser adversarios en el escenario democrático. Un salto histórico de extraordinaria trascendencia en todos los órdenes. Esa es la primera gran lección del proceso: que, por obra de las mismas condiciones subterráneas en que se venía moviendo la sociedad salvadoreña, la guerra cumplía su objetivo profundo que de seguro nunca estuvo en la agenda de ninguna de las partes, y que era cerrar la larga era de la división nacional para pasar a la nueva era de la integración.

Según todos los testimonios disponibles, el esfuerzo negociador, aunque se daba mientras el choque bélico continuaba intenso en el terreno, fue un ejemplo inesperado de racionalidad en la mesa y en sus entornos. La conclusión al respecto es fácil de sacar de cara al presente y al futuro: si en tales condiciones de conflictividad bélica prolongada fue posible arribar a entendimientos básicos para cerrar una época y abrir otra no hay ninguna razón que justifique el que eso no se pueda replicar, en condiciones potencialmente mucho más favorables como las que hoy se le abren al proceso nacional en el plano político.

El dramatismo de la situación actual en el país, especialmente en lo que corresponde al tema crítico de la seguridad, es el mejor argumento para empezar a hacer las cosas de una manera diferente a la que viene imperando contra todo sentido de realidad. Ahora no se trata, desde luego, de estructurar y convenir un acuerdo como el de entonces, porque el fenómeno real tiene esencia muy distinta; pero la figura del acuerdo se mantiene como punto básico de acción. Acuerdo ya no para lograr la paz sino para construir la pacificación, tomando en cuenta los trastornos y las distorsiones que imposibilitan la vida normal en el país. Hay que comenzar por la recuperación total del Estado de Derecho, secuestrado y flagelado en tantos sentidos por el imperio de la criminalidad en el terreno.

La mejor celebración que podría hacerse de aquel momento estelar de nuestra historia que se escenificó el 16 de enero de 1992 sería el compromiso de recuperar en serio y con voluntad actualizada el espíritu que permitió llegar a dicho momento. La conflictividad actual ya se volvió insoportable para todos, y esto lo dice la ciudadanía a diario en todas las formas posibles. Es hora más que sobrada de empezar a aplicar los remedios que corresponden.

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