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Al hablar de función pública, no cabe ningún matiz

Otra certeza alrededor del tema es que en la totalidad de los casos, los funcionarios beneficiados no declararon esos ingresos al Ministerio de Hacienda, en clara contravención del Artículo 64 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, al Artículo 55 del Código Tributario, al Artículo 96 del Reglamento de Aplicación del Código Tributario y al Decreto Ejecutivo Número 216. En varios de los casos, los titulares de ese ramo figuraron precisamente entre los que defraudaron al fisco.

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Cuando una nación se entrega a la crispación sin atender ninguna consideración, no queda mono con cabeza. Y dos de las primeras víctimas de la epidemia de insensatez en la que una sociedad puede perderse son la perspectiva y la decencia.

¿De qué hablamos? De que a consecuencia del choque político, de la confrontación de pensamientos connatural a la democracia se caiga en simplificaciones, abstracciones y reducciones que traicionan los mismos principios democráticos.

Con eficacia, el régimen salvadoreño sacó el naufragio del bitcóin y a la lista Engel del centro de la agenda pública e introdujo el tema de los sobresueldos en las anteriores administraciones públicas. Lo hizo con imprecisiones, sí; lo hizo con una violencia verbal improcedente, sí; lo hizo queriendo estirar la fuerza probatoria de algunos documentos para endilgarle delitos a instituciones y personas naturales que no correspondía, sí; pero fundamentalmente, propició que un tema que es de interés público volviera a la palestra.

La figura del sobresueldo como una remuneración especial y fija añadida al salario permanente fue recurrente durante al menos cuatro de los gobiernos más recientes; su uso fue tal que pareciera que en la década Saca-Funes, el beneficio estaba asignado no a las personas sino incluso a los puestos de trabajo más altos.

Otra certeza alrededor del tema es que en la totalidad de los casos, los funcionarios beneficiados no declararon esos ingresos al Ministerio de Hacienda, en clara contravención del artículo 64 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, del artículo 55 del Código Tributario, del artículo 96 del Reglamento de Aplicación del Código Tributario y del Decreto Ejecutivo Número 216. En varios de los casos, los titulares de ese ramo figuraron precisamente entre los que defraudaron al fisco.

Así pues, lo que ha estado en discusión desde que las primeras indagaciones periodísticas revelaron esta herramienta como de uso común en el Ejecutivo no es siquiera si el servicio público en un país pobre como El Salvador es un buen lugar para devengar bonificaciones equivalentes a hasta el 5 mil por ciento del salario mínimo, sino si los ciudadanos que accedieron violaron o no la ley. Y esa discusión es peregrina: la violaron y sistemáticamente.

Eso no significará jamás que en pos de reparación, el Estado actúe malamente violando el debido proceso o promoviendo la muerte civil de los exfuncionarios; tampoco justifica la instalación de tribunales de facto en los que se vilipendie a los ciudadanos, ni que se despilfarren recursos públicos en la divulgación difamatoria contra los que de ser potenciales indiciados pasan así a ser perseguidos por el régimen.

Por eso es que en El Salvador, a veces es difícil mantener la perspectiva y la decencia. Es porque el régimen cultiva un día sí y al otro también la crispación, de manera que no haya puntos de convergencia.

No es decente ignorar la indignación que asiste a los ciudadanos ante la desproporción de las aspiraciones salariales de los exfuncionarios, no es decente matizar ese método de defraudación a la hacienda pública mientras el país sigue víctima de taras derivadas de la pobreza. Y tampoco es saludable perder la perspectiva del proceso político: disculpar los excesos de los gobiernos de ARENA y del FMLN es dinamitar el reclamo que la actual administración está sembrando en la nación.

Es que, denominador común de unos y otros por igual, los políticos de nuevo y viejo cuño han confundido el servicio público; en un país del tercer mundo, o se entiende esa función como un apostolado de servicio o sacrificio, o lo mejor es no meterse. Nadie sale rico del gobierno a menos que haya delinquido; un expresidente reo confeso lo demuestra.

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