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Al oído de don Carlos Slim

Imagínense qué atrevimiento más grande el mío: pretender que me escuche nada más y nada menos que el hombre más rico del mundo. Y lo hago en momentos en que él ha de estar luchando para que sus vastos intereses no salgan tan afectados con la decisión del actual gobernante mexicano de introducir más competencia en el sector de telecomunicaciones, donde don Carlos es el zar.
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La razón para distraer la atención del señor Slim es simple: quejarme de la ilegalidad en que ha incurrido Claro El Salvador al seguirme cobrando por servicios de TV satelital que me vi obligado a suspender hace casi un año (30/04/2012) por la deficiente señal que llegaba al modesto lugar que me sirve de refugio para descansar, escribir o simplemente para que mi mente se aleje un poco de la miríada de problemas que vive el país. La cancelación obviamente la hice en las propias oficinas del operador, así que yo di por sentado que el servicio sería desconectado en forma automática; de consiguiente, el banco, a través del cual pago todas mis deudas, suspendería de igual manera el cobro respectivo.

Pero cuál no sería mi sorpresa cuando la persona que trabaja en casa se percató, revisando los archivos a los que tiene acceso, que la empresa seguía facturando el servicio después de siete meses de haber sido suspendido, con lo cual también el banco seguía cobrándome. Inmediatamente me apersoné en una sucursal de la operadora para indagar sobre lo que estaba pasando. La respuesta: obtenga primero una constancia del banco sobre el último pago. Me presenté nuevamente con el documento solicitado, pero ya en esa ocasión me pidieron otros atestados, y al cumplir con ese requerimiento, me aseguraron que en el curso de una semana el cheque estaría listo, que solo esperara una llamada telefónica, para que no perdiera tiempo.

En vista de que habían transcurrido casi veinte días y no había recibido la bendita llamada, me apersoné nuevamente a Claro, solo para enterarme de que requerían otros documentos, los cuales francamente no logré identificar, porque esta nueva petición me incomodó tanto que solo le solicité a la supervisora –muy atenta por cierto– que mejor se olvidaran del caso. Mientras tanto me había enterado que mi código ya había sido asignado a otra persona, lo que significa que alguien se ha visto beneficiado de mi bolsillo, o que la empresa está cobrando doble por el mismo servicio. Pero mi paciencia estalló, cuando después de todo este calvario, en el último estado de cuenta aparece una vez más el cobro.

He utilizado este espacio para compartir una experiencia que creo que la viven muchos salvadoreños todos los días. El problema conmigo es que me ha pasado en otras tres ocasiones con servicios similares. La denuncia bien podría haberla planteado ante la Defensoría del Consumidor, pero he preferido hacerla a través de este espacio para que trascienda, para que los usuarios revisen bien sus cuentas y para hablar por los que no tienen voz, porque sus quejas se queden dibujadas en un simple “vuelva otra vez”.

En mi caso, también ocurre que siempre que me enfrento a este tipo de anomalías me remonto a los tiempos de la privatización, que tanto defendí en lo personal y como director ejecutivo de la ANEP. En el caso de las telecomunicaciones, lo puede atestiguar el doctor Juan José Daboud, a la sazón presidente de ANTEL, con quien tuvimos diferencias en cuanto a la forma en que se estaba conduciendo el proceso. Quizás por ello mis reacciones ante experiencias como la relatada tienen un matiz especial, porque en retrospectiva siento que los usuarios quedamos, hasta cierto punto, desprotegidos.

Sin embargo, en mi caso, teniendo toda la razón del mundo para que se respeten mis derechos, ya no acudiré a reclamar el cobro. Lo dejo para contribuir a que don Carlitos siga siendo la persona más rica del mundo, aunque ahora con la mayor competencia se vean reducidas sus ganancias.

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