"Alea iacta est"

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Alfredo Hernández Canales - Gerente de contenidos económicos Grupo LPG

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La administración de Joe Biden ha dado claras señales de lo que espera de Centroamérica: combate a la corrupción, transparencia y detener la inmigración. Pero ha encontrado a una variedad de naciones que van desde el socio confiable (Costa Rica y en cierta medida Guatemala), pasando por el socio incómodo (Nicaragua y Honduras) y al dictador en potencia (El Salvador).

Los signos diplomáticos son evidentes: Biden telefoneó a inicios de diciembre (antes de la toma de posesión) al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, con quien se comprometió a fortalecer la alianza entre Washington y esa nación sobre la base de "valores democráticos compartidos" y a promover "una visión compartida para la prosperidad regional e instituciones hemisféricas más efectivas". Asimismo, le agradeció el liderazgo regional de Costa Rica en derechos humanos, inmigración regional, la crisis climática y el combate de la pandemia.

Mientras que hacia el Triángulo Norte, Biden parece haber elegido a Guatemala como primera interlocutora de la zona. La vicepresidenta, Kamala Harris, sostuvo ya una teleconferencia con el presidente Alejandro Giammattei y hablaron sobre corrupción, falta de gobernanza, cambio climático, exclusión y la creación de oportunidades.

El acercamiento estuvo antecedido por la visita del enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, que se reunió en privado con Giammattei para abordar temas sobre cooperación, migración y transparencia. En su paso por El Salvador, el presidente Nayib Bukele optó por delegar a la canciller y rechazó el encuentro. El desaire ha puesto a pender de un hilo las sólidas relaciones que en administraciones pasadas han sostenido El Salvador y Estados Unidos.

Y todo ha empeorado tras la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y del fiscal general por parte de los diputados de la bancada cyan y sus aliados. Bukele aceptó a regañadientes reunirse con Zúñiga, quien volvió a El Salvador para abordar ese punto en específico.

"No estamos de acuerdo... lo mejor sería restaurar la situación que existía el 30 de abril" es el mensaje contundente que trajo Zúñiga. ¿La respuesta? "Con mucho respeto y cariño: los cambios que estamos realizando son irreversibles", respondió el presidente.

El desencuentro de San Salvador con Washington va mucho más allá debido a que desde la Casa Blanca no es bien visto el fallido intento de golpe de Estado perpetrado por Bukele el 9 de febrero de 2020; ahora le suman las destituciones de los magistrados y del fiscal; los ataques contra periodistas y medios de comunicación independientes, la poca transparencia y la no rendición de cuentas.

Pese al escozor que causa a Washington algunos mandatarios de la región, la administración Biden impulsa un plan para invertir hasta $4,000 millones en cuatro años en Centroamérica para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y frenar así la emigración hacia Estados Unidos. Las ayudas, sin embargo, han sido supeditadas a la lucha contra la corrupción y, además, el plan prevé aportaciones directas a las ONG con la idea de evitar que se desvíen recursos.

Quedando poco margen para que el gobierno de Bukele pueda acceder a esos fondos y con la creciente deuda del país que casi llega al 90 % del PIB –recordemos que solo entre marzo de 2020 y marzo de 2021, este gobierno ha adquirido deuda por más de $2 mil millones–, El Salvador necesita de una urgente renegociación que le permita obtener capital disponible.

Ya FUSADES advirtió que el país necesita hacer un ajuste de $1,460 millones en sus gastos e ingresos para estabilizar la deuda pública y hacer más sostenibles las finanzas en los próximos años. Y el "establishment" lo sabe.

Es por eso que el Gobierno negocia un acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos $1,300 millones para apoyar los desequilibrios del presupuesto. Pero, Washington es pieza clave para que ese acuerdo se dé.

En el primer discurso de Joe Biden –por sus primeros 100 días– ante el Congreso, dijo que la inmigración es "esencial para Estados Unidos" y pidió a los congresistas que tomen medidas en nombre de innumerables personas que buscan la ciudadanía. El presidente Biden colocó a la corrupción como una de las causas que generan las migraciones desde el Triángulo Norte. También dejó un mensaje para la administración Bukele y similares: la democracia de Estados Unidos se opondrá a todos los autócratas.

Nuestra suerte está echada (Alea iacta est).

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