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Alto a la violencia feminicida

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Christian Salazar Volkmann christian.salazar@one.un.org

Christian Salazar Volkmann [email protected]

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 Las muertes violentas de mujeres, jóvenes y niñas nos indignan y nos  llenan de luto como sociedad. Estamos perdiendo madres, hijas, amigas, profesionales; todas, mujeres luchadoras.


Detener la violencia contra la mujer y demandar justicia es un deber de todas y todos. Las mujeres viven inmersas en un continuum de violencia, es decir, que durante toda su vida, cada día y hasta en sus mismos hogares, las acechan constantes violaciones a sus derechos humanos como los golpes, el acoso y las violaciones sexuales, que en cualquier momento pueden terminar en su muerte violenta.


El Salvador tiene la tasa más alta de muertes violentas de mujeres en el mundo. En 2017, fue de 13.5 por cada 100,000 mujeres, superando casi tres veces la tasa latinoamericana y más de seis veces la tasa mundial. Esto significa que 470 mujeres murieron asesinadas, de las cuales 347 fueron víctimas de feminicidio. De las 44 mujeres que en promedio son asesinadas mensualmente en el país, casi la mitad tiene menos de 30 años.


Lo que sigue a los feminicidios es un profundo dolor y una larga lucha para hacer justicia. En el país, cada año, en promedio aproximadamente el 90 % de esos casos no llega a juicio. De los que son procesados, solo uno de cada 10 recibe sentencia condenatoria.


Pese a los avances en la aprobación de leyes de protección a las mujeres, persisten retos para alcanzar la meta de prevenir y erradicar los feminicidios y todas las formas de abuso y violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. Es fundamental articular con más claridad y dedicación políticas de seguridad ciudadana enfocadas en que no haya más muertes violentas de mujeres, ni ningún tipo de violencia de género. Esto implica que las instituciones de seguridad y justicia tienen que priorizar los derechos humanos de las mujeres. Aumentar la participación activa e igualitaria de mujeres en los altos rangos de decisión de estas instituciones contribuiría significativamente a este objetivo.


Además, se debe continuar trabajando para eliminar estereotipos de género entre las personas que aplican la ley, como policías a cargo de la investigación, fiscales y jueces. Asimismo, eliminar prácticas procesales que desestimulan la denuncia y provocan falta de confianza en las instituciones. Los nuevos tribunales especializados de violencia y discriminación representan un gran paso. Es muy importante extenderlos a los territorios, dotándolos de los recursos necesarios.


También es importante fomentar el uso de nuevas tecnologías en las investigaciones penales de los feminicidios.


Al mismo tiempo es de gran relevancia fortalecer los programas de atención a mujeres víctimas, a través de medidas como centros de acogida seguros, servicios médicos y psicológicos con atención 7/24, y buenas asesorías legales. Continuar mejorando la calidad de estadísticas sobre la violencia contra la mujer, incluyendo las de feminicidios, representa otra prioridad que puede aportar al diseño de políticas públicas eficaces para proteger a las mujeres de la violencia.

Una respuesta integral también requiere de la corresponsabilidad y acción inmediata de todos los hombres y mujeres de la sociedad salvadoreña, así como de la construcción de alianzas y redes de apoyo. Es importante promover nuevas formas de relacionarnos basadas en el respeto e igualdad entre hombres y mujeres, desde las primeras etapas de vida, en los hogares y en las escuelas.


Sector público, privado, iglesias, ONG, sociedad civil, medios de comunicación y cooperación internacional, todos tenemos un rol importante en eso. Juntos y juntas tenemos que crear un clima social de cero tolerancia a cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. Tenemos que incrementar los esfuerzos para empoderar a las niñas, adolescentes y mujeres del país en todas las áreas y momentos de su vida. Lograr este cambio de actitud y comportamiento hacia las niñas y mujeres no solo es importante para ellas, sino para toda la sociedad salvadoreña. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible dejan claro que todas las expresiones de violencia y discriminación contra las mujeres son verdaderos obstáculos al logro del desarrollo humano tanto de ellas como de sus países.


La gran tarea por delante es hacer todo lo posible para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y alcanzar la paz y el desarrollo. No debemos permitir que la violencia siga tomando la vida de más mujeres en el país. Es momento de actuar.

*Coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas y representante residente PNUD en El Salvador.
 

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