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Amargas lecciones en la elección de magistrados

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Francisco Rafael Guerrero - Abogado

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El retardo en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuatro de ellos para la Sala de lo Constitucional, no tiene comparación en la historia de nuestro país. Con la actitud del órgano elector, sus integrantes están cayendo en la conducta tipificada en el art. 321 del Código Penal denominado "Incumplimiento de Deberes" y considerado como delito grave por el monto de la pena de prisión que tiene señalada. Pero los diputados tienen fuero constitucional, lo que les garantiza que no pueden ser juzgados sin que la Asamblea Legislativa (ellos mismos) declare previamente que hay lugar a formación de causa (antejuicio). De modo que aunque el fiscal general, en cumplimiento de sus deberes, promoviere dicha acción ante ese órgano estatal ya nos imaginamos el espectáculo que resultaría y lo probable es que la petición resultará en el archivo.

Cierto es que la elección resulta de actos políticos, pero su fin es engendrar jueces independientes, es decir alejados de los mismos partidos, con excepción del no partidario, pues los juzgadores irán a una función sagrada como es la de dar a cada quien lo que es suyo o merece según las pruebas aportadas. Acá vienen a mi memoria las palabras de un maestro de nuestra Facultad que sentenció: "cuando la política entra al templo de la justicia, esta huye despavorida", frase atribuida a Carnelutti según algunos o a Calamendrei para otros, ambos eminentes juristas italianos.

Cuando comenzó este largo y desgastante proceso, muchos tuvimos esperanzas de que al final la elección se haría en forma transparente, pues tanto en el CNJ como ante una subcomisión de la misma Asamblea, se realizaron entrevistas públicas a los 30 candidatos, además de contar con las respectivas hojas de vida, por lo que los diputados saben quiénes son los más integrales y así se comprometieron a elegir, dando a conocer en público las razones meritorias que los llevaron a tomar tal decisión ya que el pueblo merece respeto. Dentro de ese listado hay personas muy preparadas y experimentadas en justicia constitucional que considero darían honor a la nueva sala, pero también vemos a una mayoría que aunque buenos en otras disciplinas, tienen muy poca formación en lo que se demanda para magistrados del tribunal constitucional. Por experiencia propia puedo afirmar que lleva su tiempo el llegar a conocer el derecho constitucional después de haber trabajado dentro de ramas del derecho privado y si los diputados no eligen a cuatro especialistas o experimentados dentro del área que se demanda, equivaldría como que en medicina se enviara a cardiólogos a prácticas de urología.

Lo que hemos visto hasta hoy son los mismos vicios de anteriores elecciones y faltas de respeto a candidatos, sobre todo a señoras, que con solo proponerlas con insistencia han sido víctimas de escarnio, erosionando su buen nombre.

Al final de este proceso quedarán amargas lecciones que solo la sociedad civil con el apoyo de la comunidad internacional podrán ayudar a cambiar, como fue el caso de las reformas constitucionales derivadas los Acuerdos de Paz.

Diputados de diversas fracciones han expresado, sin rubor, que lo que les interesa es mantener en la Corte Suprema el número de magistrados que les conviene, lo que se interpreta como aquellos que decidan no enviar o retardar procesos de enriquecimiento ilícito.

Por ello considero necesario ir pensando en la creación de un tribunal constitucional independiente del Poder Judicial, como en otros países, pues el actual precepto de que "la Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional..." dentro de poco ya no podrá sostenerse.

Dicho tribunal gozaría de autonomía presupuestaria, de jurisdicción privativa y su función principal sería la defensa del orden constitucional. Sobre esto hay mucho que hablar.

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