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Amnistía: decisión política, forma jurídica

Desde sus orígenes el derecho nace como consecuencia de hechos sociales, viene a regular la conducta futura de los seres humanos al analizar hechos anteriores y cómo cree el legislador que deben comportarse, por eso Engels para designar la doctrina de Carlos Marx sobre el materialismo histórico, en relación con la parte económica, expresaba: “La estructura económica de la sociedad es la base real sobre la que se levanta el edificio jurídico y político, y a la cual corresponden formas determinadas de la conciencia social”.
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La Amnistía y el Indulto a que se refiere el art. 131 n.º 26 Cn. son formas del derecho de gracia que tenían los monarcas absolutos. En virtud del indulto que otorgaban a quienes habían sido condenados por delitos, les perdonaba el cumplimiento de la pena, pero el delito y las responsabilidades civiles subsistían; mientras en virtud de la amnistía, otorgada a grupos de personas se hacían desaparecer los hechos delictivos del mundo jurídico, de manera que al no existir delitos no solo no había responsabilidad penal, sino tampoco civil.

Nuestra Constitución establece la facultad de la Asamblea Legislativa de otorgar ambas gracias, y la amnistía la limita a los delitos políticos o comunes conexos con estos, por lo que para determinarlos basta leer el art. 21 del Código Penal de 1973, entonces vigente, que establecía como tales los delitos relativos al sistema constitucional y a la existencia, seguridad y organización del Estado, que básicamente eran los que estaban cometiendo las fuerzas armadas del FMLN. Pero determinaba: “También se consideran delitos políticos los comunes cometidos con fines políticos, excepto los delitos contra la vida y la integridad personal de los jefes de Estado o de Gobierno”, (igual disposición tiene el Código Penal de 1998) o sea que los homicidios, secuestros, lesiones, robos y otros actos criminales que fueron cometidos con fines políticos antes de 1992 desaparecieron por la Ley de Amnistía de 1993.

Indudablemente por el hecho de la amnistía los hechos barbáricos cometidos durante el conflicto no tienen excusa alguna ni en lo jurídico, ni en lo religioso, moral o cualquier regla de convivencia humana, por lo que no cabe otra explicación que la amnistía es una decisión de carácter político, que responde a determinadas circunstancias, considerando de más valor ese olvido que mantener procesos que impidan la finalidad de lograr la paz, amnistía que se dio porque fue preciso ignorar las normas jurídicas, religiosas, morales, etcétera, y ordenar el olvido de tales hechos, no perdonar o excusar a los culpables, sino eliminar de la historia jurídica los barbáricos hechos catalogados como delitos de lesa patria y aquellos homicidios, secuestros, robos, etcétera con fines políticos, para superar la situación de guerra interna en el país y crear la esperanza de un futuro democrático determinado por la decisión del pueblo salvadoreño. Como recientemente ha dicho el vicepresidente Ortiz, se construyó un puente sobre un río de sangre para lograr la paz.

En realidad ni el indulto ni la amnistía son verdaderas leyes, pues no crean normas de convivencia obligatoria para el futuro, en virtud de las cuales algunos están obligados y otros facultados para exigir su cumplimiento, sino solo son decisiones político-administrativas, como las elecciones de determinados funcionarios, los permisos para recibir condecoraciones de gobiernos extranjeros, beneficios a los promotores de actividades culturales, etcétera, tanto es así que dichas gracias están consideradas en numeral aparte de la facultad de la Asamblea Legislativa de decretar, reformar o derogar leyes secundarias.

La extradición de salvadoreños no procede cuando se trate de delitos políticos, porque no es un tema de naturaleza jurídica, sino una decisión política, de Estado, que en España la tiene el Gobierno.

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