Lo más visto

Amplio alcance

Reviso los organigramas de algunas carteras de Estado y me pregunto ¿tiene capacidad esa pequeña e irrelevante Sección de Probidad, de mantener actualizada la información?
Enlace copiado
Amplio alcance

Amplio alcance

Amplio alcance

Amplio alcance

Enlace copiado
Se ha difundido que dos de los candidatos a cargos de elección popular en el Órgano Ejecutivo se comprometen a declarar su patrimonio personal. Esto motiva a investigar y reflexionar sobre el marco legal e institucional que protege los intereses de la sociedad y el Estado.

La Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos con 28 artículos está vigente desde abril de 1959. Aplica a toda persona que (1) participa de manera principal o secundaria en las funciones públicas del gobierno central y municipal; (2) administra un promedio mensual bienes o fondos públicos de $11,429. Con este alcance, la ley establece 24 categorías de empleados y funcionarios obligados a rendir “por escrito declaración jurada del estado de su patrimonio”.

El patrimonio que debe declarar se refiere a (1) bienes y créditos a su favor y en su contra, (2) bienes y créditos a favor y en contra de su cónyuge y de sus hijos y (3) salarios devengados, rentas obtenidas particularmente, acciones y participaciones sociales propias, de su cónyuge y sus hijos que perciban o posean dentro o fuera del territorio de la República. Según la Sección de Probidad de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia, están obligados a presentar declaración jurada en formulario de 3 páginas, 5,656 funcionarios y empleados. En simple cuadro registran que en el año 2012, 4,515 (80%) la han presentado. No mencionan si se cumple con el requisito exigido del cónyuge e hijos, acá y en el extranjero.

En el Órgano Ejecutivo están obligados a declarar juradamente el patrimonio personal y familiar, el Presidente y Vicepresidente, los Secretarios y Subsecretarios de la Presidencia, los Ministros, Viceministros, los Directores Generales, Subdirectores y delegados departamentales; los comandantes de Unidades Militares Superiores, Jefes y Oficiales con funciones administrativas en la Fuerza Armada. También los Jefes funcionarios y cónsules de las Misiones Diplomáticas; los funcionarios del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, los Peritos y Auditores Fiscales de la Dirección General de Impuestos Internos; los administradores y contadores del Servicio de Aduanas y los Administradores de Rentas Departamentales. Están obligados también los Presidentes, Directores y Gerentes de las Instituciones Oficiales Autónomas (incluye hospitales) y el Rector y Vice-rector y los Decanos de la Universidad de El Salvador.

Sigue el Órgano Legislativo. Allí todos los diputados propietarios y suplentes de la Asamblea Legislativa y del PARLACEN deben presentarla, los directores o gerentes también están obligados. Continua el Órgano Judicial. Allí aplica al Presidente y magistrados propietarios y suplentes. Se incluye al Consejo Nacional de la Judicatura. Pero, grave omisión, no se incluye a jueces de Paz, a los jueces de primera instancia y de segunda instancia, a los especiales y otros del sistema de justicia. Digo omisión porque en este tiempo de narcotráfico, imposible dejarles fuera.

Y también el Fiscal General y los Adjuntos, el Presidente y los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte de Cuentas de la República, el Presidente y Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador General de la República y Procuradores Adjuntos; el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y Procuradores Adjuntos; y todos los Miembros de los Concejos Municipales.

¡Amplio espectro! Reviso los organigramas de algunas carteras de Estado y me pregunto ¿tiene capacidad esa pequeña e irrelevante Sección de Probidad, de mantener actualizada la información? Y peor ¿para qué les sirve? Ningún ciudadano tiene certeza sobre la probidad en la administración pública. Y peor, cada día la desconfianza crece. La confianza en la probidad y en la lucha contra la corrupción en el uso de fondos públicos exige institucionalidad capaz de hacer investigación y tomar decisiones. En esta ley la probidad se reduce a papel, la Fiscalía está ninguneada y el ciudadano debe conformarse con el cuadro con información irrelevante.

Si se quiere avanzar, la Sección de Probidad debería publicar y actualizar semestralmente, los 5,656 nombres y apellidos con su localización institucional y territorial. Si se quiere avanzar, ¡actualicen es ley! Con los mismos recursos y con honradez se podría hacer mucho más.

Tags:

  • empleados publicos
  • promedio mensual
  • patrimonio

Lee también

Comentarios