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Anacrónica ley de enriquecimiento

Medios periodísticos informaron el mes pasado que el pleno de la Corte Suprema acordó multar a cuatro funcionarios por no presentar a tiempo su declaración jurada de patrimonio fijado en la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos que data desde 1959, con una ley anacrónica aprobada en el período presidencial de José María Lemus, que entre otros puntos obsoletos dice: “La Corte Suprema de Justicia impondrá multas de 100 a 5,000 colones a los funcionarios y empleados públicos que omitieren hacer la declaración en el término indicado en el artículo 3 y les fijará un nuevo plazo prudencial para que lo efectúen”, no habiéndose reformado desde entonces.
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Agregaron que no son los únicos transgresores de la ley, pues según el último reporte publicado por la Sección de Probidad de la Corte, hay 2,302 funcionarios del Ejecutivo y 232 de otras instituciones de Gobierno que tienen pendiente la declaración de sus bienes. Como se sabe, el artículo 3 de la normativa establece que los funcionarios deben presentar una declaración de sus bienes ante la Sección de Probidad en los 60 días siguientes a la toma de posesión y también deberán informar sobre sus posesiones en los 60 días posteriores a la fecha en que cesen en el ejercicio de su cargo.

La sociedad ha denunciado que desde períodos ancestrales, el fenómeno de la corrupción oficial se ha incrementado sustancialmente generando múltiples e indeseables consecuencias de orden político, económico y social.

Efectivamente, la corrupción genera de manera directa una pérdida de credibilidad en el Estado, el Gobierno y la administración pública, desestimulando la participación ciudadana en los asuntos públicos.

Para minimizar este fenómeno que daña a la comunidad, los Estados han adoptado diferentes mecanismos para combatir este fenómeno generado por las actuaciones nocivas de los funcionarios públicos. Uno de estos mecanismos es el de establecer la obligación para los empleados públicos de presentar una declaración de ingresos y patrimonio, que tiene como objetivo lograr la transparencia de los funcionarios públicos y, en consecuencia, generar en la comunidad una confianza pública frente a los dirigentes.

Adicionalmente, con este mecanismo es posible detectar enriquecimientos injustificados que puedan tener origen en actos de corrupción.

Existe enriquecimiento ilícito cuando un servidor público no puede demostrar el origen lícito de su riqueza, o el aumento de su patrimonio, el cual no corresponde con el ingreso que percibe por el ejercicio de sus funciones. Históricamente el ejercicio del poder ha significado siempre al ser humano una tentación grande de beneficiarse patrimonialmente de manera indebida, tentación que muchas veces ha logrado seducir a los funcionarios. Se ha comprobado que las únicas pruebas plenas en el delito de enriquecimiento ilícito son los signos exteriores de riqueza. Los signos probatorios son los bienes patrimoniales, fincas, cuentas corrientes, vehículos y por supuesto el desequilibrio entre sus posibles ingresos y su patrimonio, y hasta el modo y estilo de vida que llevan los presuntos responsables.

Ya Benito Juárez García, prestigioso abogado, presidente de México en varias ocasiones, al respecto del enriquecimiento ilícito practicado por los funcionarios públicos dijo en una ocasión: “Los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala”.

Tags:

  • funcionarios y empleados
  • nuevo plazo
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