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Antejuicio y Estado de Derecho

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La Fiscalía General de la República ha presentado una solicitud de antejuicio contra el diputado Norman Quijano. Esto, debido a que le imputa el presunto cometimiento de los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Lo anterior tiene sus raíces en una serie de videos y testimonios presentados en otro proceso judicial contra miembros de pandillas, quienes fueron condenados a penas de prisión.

El procedimiento de antejuicio es una prerrogativa prevista en la Constitución, en el Código Procesal Penal y en el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL). Se constituye como un "obstáculo" procesal que tiene como finalidad el establecimiento de una etapa previa a las instancias judiciales, con el fin de asegurar que las imputaciones penales no se traten de asuntos meramente políticos, sino que exista una posible causa penal.

La Constitución, en el artículo 236, señala que diversos funcionarios, entre ellos los diputados, responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan. Además, se establece someramente el procedimiento a seguir: "La Asamblea, oyendo a un fiscal de su seno y al indiciado, declarará si hay o no hay lugar a formación de causa". Si hay o no lugar a formación de causa significa que existen al menos indicios para que los hechos presentados por la Fiscalía sean investigados dentro de un proceso judicial. No es una etapa para valorar si la prueba es contundente para demostrar la culpabilidad o no del funcionario, como algunos erróneamente han pretendido señalar. Además, toda persona se presume inocente hasta no ser oída y vencida en juicio.

Por su parte, el RIAL entra a regular con mayor detalle el procedimiento de antejuicio. En su artículo 124 establece que después de recibida la denuncia "el expediente se pasará a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para que dictamine si los requisitos legales del requerimiento fiscal, establecidos en el Código Procesal Penal, se han cumplido". Estos requisitos se encuentran regulados en el mencionado cuerpo legal; si se se cumplen, el artículo 125 señala que la Comisión declarará abierto el proceso de antejuicio contra el funcionario que goza del privilegio constitucional.

Los diputados de la Asamblea Legislativa deben hacer valer el Estado de Derecho. Y en este, lo que debe prevalecer es la búsqueda de la verdad, no la defensa a ultranza de personas que se puedan haber visto involucradas en hechos de gran gravedad como la negociación con grupos delincuenciales. Si la solicitud de antejuicio presentada por la Fiscalía General de la República cumple con los requisitos de ley, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales está en la obligación de darle el trámite legal y proceder a la conformación de la comisión de antejuicio. Respetar el Estado de Derecho no es negociable.

No podemos dejar de señalar que el hecho que el fiscal general haya decidido iniciar este proceso contra un diputado del mismo partido político al cual se le ha vinculado en el pasado -por lo cual incluso se presentaron demandas de inconstitucionalidad por su nombramiento- habla bien de su figura, ya que muestra independencia. Esta deberá confirmarse con la seriedad y tecnicismo que requiere la investigación del caso, pues su actuar tiene que estar apegado a los estándares nacionales e internacionales que le exigen una debida diligencia.

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