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Apenas un tuit para el exministro y amigo personal

Ninguno de las destituciones ha llamado más la atención que la del ahora ex titular de Agricultura, Pablo Salvador Anliker. Los ingredientes de su gestión, su desempeño ante la fiscalización pública y los gastos firmados con su puño y letra durante la pandemia impulsan a creer que este movimiento en el gabinete ha sido urgente y obligatorio. Recuérdese que en noviembre, la Fiscalía General de la República allanó las instalaciones de esa dependencia; meses antes, con la excusa de que la información entorpecería las investigaciones de la Corte de Cuentas, Anliker decretó dos años de reserva para todos los documentos relacionados con la compra de los paquetes de alimentos que el gobierno ha entregado durante la pandemia.

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Dejando de lado la posibilidad de que la ráfaga de mensajes del presidente de la República del miércoles fuese parte de una estrategia para robarle el foco a la visita del enviado de los Estados Unidos de América al Triángulo Norte, el modo en que informó sobre los cambios en el gabinete dice más de lo que dice.

Cuando no se tiene plan de gobierno ni objetivos quinquenales sino sólo una colección de eslóganes que juntos tampoco conforman un discurso articulado, es imposible evaluar a un funcionario. Por eso, la movilidad laboral en el gabinete es un misterio. En menos de dos años, el gobierno de GANA ya registró movimientos en los ministerios de Hacienda, Salud y Agricultura, en ANDA, en el ISSS, en CEL y en el BCR. En ninguno de los casos se brindó explicación sobre los cambios, a excepción de aquellos en los que los titulares renunciaron para optar a un cargo de elección popular, como pasó en Gobernación y Cultura.

Ninguna de las destituciones ha llamado más la atención que la del ahora extitular de Agricultura Pablo Salvador Anliker. Los ingredientes de su gestión, su desempeño ante la fiscalización pública y los gastos firmados con su puño y letra durante la pandemia impulsan a creer que este movimiento en el gabinete ha sido urgente y obligatorio.

Recuérdese que en noviembre, la Fiscalía General de la República allanó las instalaciones de esa dependencia; meses antes, con la excusa de que la información entorpecería las investigaciones de la Corte de Cuentas, Anliker decretó dos años de reserva para todos los documentos relacionados con la compra de los paquetes de alimentos que el gobierno ha entregado durante la pandemia.

Es imposible no escandalizarse al relacionar ambos hechos, menos aún cuando según fuentes de este periódico, los hallazgos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador incluyen a esa cartera de Estado.

Entre la adquisición de productos para el programa Cestas Alimentarias, la contratación de servicios de maquila para el empaquetado de 1.7 millones de cestas de alimentos, adquisición de equipos, contratación de recurso humano y asistencia técnica, la entidad administrada por Anliker recibió $80 millones del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. De ese total, la ejecución de al menos $55 millones es objeto de reparos de parte de la Contraloría.

Son demasiados indicios contra el exministro y amigo del presidente como para referirse a su salida apenas en una red social y de un modo casi casual; antes que dos fotos con el sonriente nuevo titular del ramo, el primer funcionario del Estado debió al menos comprometerse a no entorpecer ninguna de las investigaciones en curso contra Anliker, por ejemplo apresurándose a nombrarlo en otro cargo que le pueda dar alguna inmunidad.

En la narrativa, unos entran y otros salen del gabinete, ninguno de ellos relevante toda vez que el protagonismo sólo puede ser del presidente; en la práctica, el mandatario se libra de uno de los varios ministros cuyo trabajo en la pandemia le supondrá explicaciones incómodas ante la nación, pérdida de capital político y resquebrajamiento de su entorno más cercano. Pero mientras se pueda, está visto que continuará con su libreto de comunicación.

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