Apostándole a nuestra institucionalidad

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Hace casi 25 años, luego de más de una década de conflicto interno, El Salvador decidió apostarle a una nueva era en la que, además de poner cese al enfrentamiento armado, nuestra sociedad pudiera crecer bajo el cobijo de un Estado fuerte y garante de los derechos humanos.

Para ello sería necesario dar vida a una nueva institucionalidad que vele por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, llevando así al origen de entidades como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil y la Defensoría del Consumidor, entre otras.

El compromiso asumido en aquel momento no ha quedado estancado ni limitado a aquellos esfuerzos iniciales. Nuestra vida democrática ha demandado más en la medida que nos hemos vuelto conscientes de su importancia y hoy en día esas primeras instituciones no solo se han fortalecido, sino que han visto nacer también a nuevas entidades y cuerpos de ley que contribuyen a una valiosa labor de fiscalización del propio accionar del Estado, tales como la Ley de Acceso a la Información Pública y su respectivo instituto, o el Tribunal de Ética Gubernamental, por mencionar solo algunos.

Tenemos, pues, una institucionalidad sólida, que funciona, y que hoy más que nunca nos está dando muestras claras de su efectividad, al estar investigando y judicializando casos en los que diferentes funcionarios y exfuncionarios están teniendo que dar cuenta de posibles actos de corrupción, enriquecimiento ilícito o abuso de los recursos estatales.

Es por todo esto que durante mi participación en el Foro Internacional de Análisis Político organizado por FUSADES decía que si bien es cierto tenemos aún grandes desafíos por los cuales seguir trabajando, desde la Firma de los Acuerdos de Paz hemos sabido avanzar con paso firme en el camino de la consolidación de la democracia y el consecuente fortalecimiento institucional.

Y es también a partir de ello que, cuando como representante del Gobierno, me preguntan si El Salvador debería apostarle a figuras foráneas para combatir cualquier atisbo de corrupción, mi respuesta es que, lejos de truncar el desarrollo de una institucionalidad propia y que cada vez está más empoderada en sus facultades, la apuesta en realidad debe ser por su consolidación, porque siga creciendo junto a nuestro proceso de maduración democrática.

No se trata, en ningún momento, de recelos frente a la mirada internacional, ni mucho menos de una actitud autocomplaciente. ¿Estamos entonces dispuestos a solicitar ayuda en esta tarea? Por supuesto que sí, y más aún porque reconocemos que necesitamos nutrirnos de la experiencia de otros, ya lo estamos haciendo. Estamos trabajando de la mano y teniendo asistencia técnica de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), de la Academia Internacional Anti-Corrupción (IACA), así como del Gobierno de Estados Unidos de América, que a través de diferentes iniciativas nos está apoyando en la identificación de nuestros avances y desafíos en la materia.

Sabemos que son precisamente temas como la lucha contra la corrupción, la seguridad, la fiscalidad y la educación los que constituyen ejes fundamentales para sacar adelante al país. Es en ese espíritu que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén está altamente comprometido con esta labor y es por esa misma razón que, en la clausura del evento en mención, lancé un llamado para un diálogo franco y sin preconceptos para lograr un nuevo acuerdo de nación.

La solución, pues, está en nosotros mismos. Depende de la voluntad y el compromiso de los diferentes sectores del país que empujemos, desde donde nos corresponde, para que nuestras instituciones sigan dando los buenos resultados que estamos viendo.

Tags:

  • derechos humanos
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  • defensoria del consumidor
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