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Aprueben la Ley de Servicio Público

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En la primera semana del nuevo gobierno una de las medidas que destacó fue la terminación de la relación laboral de muchos empleados y funcionarios. En algunos casos tal cesación se fundamentó en el cierre de plazas, en otros se invocó la naturaleza de confianza del cargo, y en otros se atribuyó que las contrataciones se habían hecho en función de vínculos familiares con altos funcionarios del gobierno anterior.

Lo ocurrido refleja, nuevamente, la insuficiencia del régimen jurídico que regula el servicio civil. La discrecionalidad ha marcado la pauta para ingresar a un empleo público, y para salir de él. Y eso, más allá de impactar en los empleados, supone una carga para los ciudadanos.

El art. 219 inciso 2.º de la Constitución dispone: "La ley regulará el servicio civil y en especial las condiciones de ingreso a la administración; las promociones y ascensos con base en mérito y aptitud; los traslados, suspensiones y cesantías; los deberes de los servidores públicos y los recursos contra las resoluciones que los afecten; asimismo garantizará a los empleados públicos la estabilidad en el cargo".

Hoy esto se desarrolla en un conjunto desordenado de normas: la Ley de Servicio Civil, la Ley de garantía de audiencia de los empleados públicos no comprendidos en la carrera administrativa, y las Disposiciones Generales del Presupuesto, entre otras. La necesidad de ordenar el régimen del servicio civil existe desde hace mucho. Y muchos así lo hemos exigido.

El 14 de marzo de 2016 dijimos: "El anteproyecto de Ley de la Función Pública pretende combatir estos problemas. El documento surgió del seno de la Secretaría de Asuntos Estratégicos del gobierno anterior (2009-2014), pero una vez elaborado se omitió impulsar su aprobación en la Asamblea Legislativa. No cuesta imaginar por qué".

Luego, el 26 de febrero de 2018 expresamos: "La finalidad de este esfuerzo al que el CEJ se adscribe con entusiasmo y convicción es que se discuta y apruebe por la Asamblea Legislativa una ley en la que se establezca una carrera administrativa que premie el mérito y la honradez, que tenga a los mejores perfiles trabajando para el Estado, incluyendo buenas prácticas como los concursos públicos de ingreso y la evaluación de desempeño; con este tipo de regulación se cierran las puertas a prácticas como el clientelismo y el nepotismo".

El Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública ha sido una iniciativa ciudadana que por muchos años abogó por ese cambio. Pero la Asamblea Legislativa no ha respondido debidamente. El proyecto de Ley de Servicio Público sigue en estudio después de un año y medio, y en coyunturas como la actual se manifiesta, nuevamente, la necesidad de su aprobación.

Más allá del ruido mediático que puedan hacer los actores políticos, es necesario que tomen acciones concretas para ordenar el régimen de la función pública. La Asamblea Legislativa debe acelerar el estudio de la Ley de Servicio Público escuchando las propuestas del Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública. Y el presidente de la República, por su parte, deberá demostrar su compromiso con la meritocracia y con la modernización de la función pública al sancionar esa ley cuando llegue a su despacho, e implementándola debidamente.

Tags:

  • Ley de Servicio Público
  • Equipo Impulsor de la Reforma
  • meritocracia

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