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Arbitrariedades en el régimen de excepción

Las personas inocentes nunca deben sufrir castigos por algo que no cometieron. Ese es uno de los principios en torno a los cuales gira el derecho penal.

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Centro de Estudios Jurídicos - Por el Imperio del Derecho

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El Salvador sigue bajo un régimen de excepción, con la probabilidad que dicha situación se amplíe por otro periodo igual al inicialmente decretado, según lo sugerido por el fiscal general de la República y el ministro de Seguridad. Y a pesar del empeño gubernamental de publicitar que los miles de capturados son pandilleros y que esta es la única manera correcta de combatir el fenómeno social de las pandillas, surgen a la luz pública casos de violaciones a derechos de personas detenidas.

Este periódico reportó la semana pasada que cuatro personas detenidas durante el régimen de excepción fallecieron en el interior del penal de Izalco. Tres fallecieron luego de recibir golpiza en el interior de la cárcel y uno más por no recibir la atención médica adecuada para un padecimiento. El Estado es el responsable de mantener los derechos básicos de las personas detenidas, por lo que deberá esclarecer y responder por estos hechos.

También la semana pasada trascendió el caso de un joven con discapacidades intelectuales que fue detenido en el marco del régimen de excepción. A pesar de existir pruebas de haber sido diagnosticado con dicha discapacidad emitida por el sistema nacional de salud, y pruebas de asistir activamente a una escuela de educación especial, las autoridades prefieren omitir dichas situaciones y no dan el tratamiento especializado que requieren. Una total vulneración a los derechos de personas en situación de discapacidad. El joven fue liberado luego de la presión hecha por la sociedad para que se analizara su caso.

Así, la única medida que tienen los familiares de las personas detenidas es acudir a las redes sociales para denunciar los posibles abusos cometidos bajo el régimen de excepción. Porque las instituciones no tienen la capacidad de prestar la debida atención a los casos de miles de detenidos; y pareciera que los titulares de las instituciones del Ministerio Público (Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos) no tienen el valor de cuestionar las acciones tomadas por el gabinete de seguridad. Prefieren plegarse a lo que dice el presidente de la República que cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

La defensa de los derechos de las personas detenidas jamás se debe confundir con la supuesta protección de delincuentes o pandilleros que la narrativa gubernamental pretende hacer creer a la sociedad. Los derechos de imputados se defienden porque mientras no sean condenados por hechos que comprobadamente cometieron, todavía les aplica la presunción de inocencia. Pero sobre todo, los derechos de personas detenidas se defienden porque existe la posibilidad de que una persona detenida sea inocente. Y las personas inocentes nunca deben sufrir castigos por algo que no cometieron. Ese es uno de los principios en torno a los cuales gira el derecho penal.

Como Centro de Estudios Jurídicos apoyamos las acciones orientadas al combate a la delincuencia que por años ha afectado a la sociedad salvadoreña. Pero esto debe realizarse con pleno respeto a los derechos constitucionales de todas las personas, incluidos la presunción de inocencia, un debido proceso en el que se garantice el respeto a los derechos constitucionales de todas las personas y la pronta y cumplida justicia.

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