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Arbitrariedades presidenciales

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Jaime Ramírez Ortega - Consultor legal y de negocios

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Evidentemente el gobierno del presidente Bukele sigue sin entender cómo funciona la democracia y el sistema de gobierno con respecto a la separación de poderes, ya que no solo ha desconocido de forma reiterada las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, sino que desde la toma de posesión ha venido invadiendo funciones que le pertenecen exclusivamente a la Asamblea Legislativa, dado que ha emitido múltiples decretos supraconstitucionales en los que se arroga la facultad de suspender derechos fundamentales de los ciudadanos que por Constitución no le pertenecen.

En ese orden de ideas, ha venido ocultando los escándalos de corrupción que les han surgido casi en todas las instituciones que pertenecen al Ejecutivo, y lo último son los señalamientos del supuesto pacto que se ha tenido con las pandillas las cuales han recibido múltiples beneficios de parte de la Dirección General de Centros Penales, muy similar a la tregua que se propició en la gestión del expresidente Mauricio Funes, de manera que estos grupos criminales han recibido grandes favores en detrimento de miles de salvadoreños honrados que por décadas han sido extorsionados, asesinados y sus hijas violadas.

No me cabe la menor duda de que tarde o temprano pagarán todos estos abusos de autoridad ya sea con la justicia terrenal o divina, dado que han pactado con la sangre del pueblo salvadoreño, mientras estos criminales viven de los beneficios financieros otorgados presuntamente por el gobierno del presidente Bukele. Así que el país ha venido siendo administrado por un grupo de jóvenes que no tienen ni la más mínima idea de cómo funcionan las finanzas públicas y cuál es la situación de la deuda soberana y su impacto en la economía de los salvadoreños, es decir, un caos total en la nación.

Ante este escenario y fiel a su estilo autoritario el gobierno central decidió desobedecer una vez más la última resolución de la Sala de lo Constitucional, al exigir la prueba del PCR, a los salvadoreños y extranjeros residentes en El Salvador, con ocasión de la apertura del aeropuerto internacional, como un requisito "sine qua non" para dejarlos entrar al país, ante ello la Sala le advirtió que si persistía en su desacato lo informaría a la Fiscalía General de la República, para que actuara contra el director de Migración y Extranjería y el presidente de CEPA, que son los dos personajes que han impedido el ingreso de los compatriotas.

Pero como alguien que no le importa la República y el ordenamiento jurídico, el presidente Bukele decidió trasladar esa responsabilidad a las líneas áreas al obligarlas para que le exigieran a los salvadoreños y extranjeros residentes llevar la prueba de PCR con 72 horas de anticipación al vuelo, pero con el agravante que ahora exigían la prueba firmada y sellada por un médico extranjero, pero cuánto descaro de parte de los que gobiernan, desconociendo que las pruebas en los países de primer mundo las envían vía correo electrónico y el formalismo de la firma y sello de un médico es algo obsoleto.

De manera que en este acto de desobediencia el Ejecutivo se arrogó la facultad de restringir el derecho fundamental que tiene toda salvadoreño o extranjero residente de circular, permanecer, salir o entrar al país, tal como lo enuncia al art. 5 de la Cn. Pero no solo es la desobediencia a las resoluciones, sino la acción constante de burlar la Constitución e imponer lo que a criterio del presidente es correcto, de esta manera se ha negado a dar cuentas de cómo ha gastado millones de dólares, incluso el ministro de Hacienda, por instrucciones del presidente, no solo se ha negado acudir a la interpelación de la Asamblea, también ha retenido el salario de los otros órganos de Estado.

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