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Armar a civiles sería un grave error

El Salvador –en apenas 25 años– pasó de la violencia política a la violencia delincuencial (1992-2017) y aumentó la descomposición social, pérdida de valores y desintegración familiar.
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Actualmente, un alto porcentaje de salvadoreños vive en comunidades precarias y es agobiado por bandas criminales. Tan amplia es la expansión de la violencia delincuencial que el Estado está perdiendo el control territorial (a pesar de que la Fuerza Armada tiene años de estar apoyando el área de seguridad pública). El reto es, entonces, desarmar y desarticular las bandas criminales (aplicando la ley), regenerar el tejido social local y crear fuentes de trabajo.

Por otra parte, el resentimiento y la descomposición social existentes elevan el riesgo de que las armas caigan en manos de personas insensatas. El peligro aumenta porque el odio ha sido inculcado en el corazón de innumerables salvadoreños durante décadas. Este fenómeno psicosocial se vuelve más complejo y explosivo por la presión partidaria que se ejerce en las comunidades y el dominio de las pandillas en múltiples cantones, barrios y colonias. Consiguientemente, es oportuno reflexionar sobre los significados y efectos de armar a civiles en una sociedad tan polarizada, desintegrada y violenta como la salvadoreña.

Significado 1. Aceptar que el Estado salvadoreño es incapaz de cumplir la Constitución de la República y garantizar los derechos fundamentales de las personas. Además, se estaría transgrediendo las normas relativas a la forma de gobierno, particularmente lo relativo a la exclusiva potestad del Órgano Judicial de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Significado 2. Reconocer que el crimen tiene el control territorial en el país equivale a anunciar la existencia de un “Estado fallido” en materia de seguridad pública. Por ello y dada la lucha partidaria por apoderarse del aparato estatal y el embate delincuencial, armar a civiles puede conducir a la creación y confrontación de grupos armados progubernamentales y antigubernamentales (anarquía).

Efecto 1. Debilitamiento de la democracia. El solo hecho de colocar el tema de armar a civiles en la opinión pública provoca que el quehacer estatal gire alrededor de la seguridad pública, dejando de lado el debate sobre las causas determinantes de la violencia delincuencial. El dilema de armar a civiles se resume así: escoger entre más pistolas o más computadoras, entre más funerarias o más aulas, entre más enfrentamientos o más entendimientos.

Efecto 2. Desorden o convulsión social. En la medida que se promueva el uso de la fuerza para solucionar problemas colectivos, se refuerza la ley del más fuerte. El riesgo de darles armas a comunidades agobiadas por la inseguridad y exclusión social es el surgimiento de hordas y turbas desenfrenadas cometiendo saqueos, pillajes y abusos. El descalabro confirmaría que la medicina saldría peor que la enfermedad.

Conclusión: armar a civiles en El Salvador equivaldría a encender un fósforo a la par de un barril de pólvora. Es decir, correría más sangre. Una opción democrática consiste en tres acciones estratégicas: (1) aplicar la ley (investigar, perseguir y castigar el delito); (2) regenerar el tejido social local; y (3) ampliar las oportunidades de inversión y empleo de Santa Ana a La Unión. Conviene, entonces, que la ciudadanía le diga NO a aquellos actores que buscan crear el caos para luego hacerse del poder absoluto (autoritarismo).
 

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