“Arriba las manos, esto es un bono...”

Forzar a la sociedad a pagarles un bono más de $200 a los 9,000 empleados del Órgano Judicial que significará un gasto de $1.8 millones es todo un acto abusivo en medio de los ya escasos recursos del Estado.
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“Arriba las manos, esto es un bono...”

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<p>[email protected] Twitter: @gtrillos&nbsp;</p><p>Pero no es un solo bono, ya en 2011 se pagaron cuatro bonos que significaron $15.3 millones de gasto. ¡Es una insensatez!... Tiene toda la razón el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, cuando fustiga la decisión tomada el jueves pasado por 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de reventar la piñata y repartir este dinero en vez de reintegrarlo al Fondo General de la Nación para cubrir otras necesidades de la ciudadanía.</p><p> La Corte Suprema con todo y nuevos cinco magistrados y nuevo presidente se da el lujo de este despilfarro. Bastaron unos pocos días para que el nuevo presidente, Salomón Padilla, se viera envuelto en esta ofensiva decisión de repartir dinero ajeno y en cuestionadas decisiones administrativas nombrando en altos cargos administrativos a familiares de miembros del partido FMLN, al que pertenece. La promesa de independencia rápido se la llevó el viento.</p><p>La decisión de este último bono no puede ser más que la necesidad de congraciarse con los sindicatos que le apoyaron en medio de la refriega política de los nombramientos. Una decisión tomada aún y cuando se conoció un informe financiero en el que se reflejan deudas a proveedores y servicios básicos por más de $3 millones. Contradictorio informe que seguramente si se revisa a conciencia y sin politiquería no pasaría por las más básicas reglas de finanzas y auditorías. A ver si la Corte de Cuentas de la República por fin hace algo.</p><p> Los repartos de dinero hechos por esta y anteriores gestiones de la Corte Suprema se amparan en las denominadas economías de salarios, lo cual no es más que buscarle uso al dinero no ejecutado en el presupuesto. El bajo nivel de ejecución del presupuesto de $200 millones del Órgano Judicial se registra ya sea por una real ineficiente gestión o por dolosa manipulación para guardar para luego quebrar la alcancía. Pero de todos modos, si sobra el dinero no debe ser usado como dinero privado de los magistrados de la Corte Suprema sino como lo que realmente es, dinero público, dinero de los impuestos pagados por los ciudadanos en concepto de renta e IVA, dinero que debe ser reorientado a los cientos de necesidades que existen en salud, seguridad pública y educación.</p><p> Este dinero convertido en bono no es más que una nefasta deformación de la independencia del uso del presupuesto del Órgano Judicial, pues no se trata de un mundo aparte, de una zona independiente, sino que forman parte de todo un país que debería poder ver ese dinero “ahorrado” reorientándose a algún programa de nutrición de neonatos, a la compra de equipo médico básico para hospitales públicos, a la construcción de aulas en escuelas, a los niños y las familias que buscan alivio de sus enfermedades en el Bloom, a protección de víctimas y testigos, a buscar nuevas oportunidades para emprendimientos productivos, para cultivar tierras.</p><p>Además, esto evidencia que el Órgano Judicial no necesita tener 6% del presupuesto general de la nación, tal y como obliga la Constitución. Los bonos repartidos no tienen nada que ver con la pronta y cumplida justicia, no tienen nada que ver con programas de modernización de la justicia, no tienen nada que ver con capacitaciones, no tienen nada que ver con mejoras en tribunales... prácticamente representan un “asalto” al presupuesto y a todo el resto de la sociedad.</p><p>&nbsp;</p>

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