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Asamblea debe elegir en tiempo

Nuevamente, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se encuentra sin dirección. El pasado 31 de julio venció el periodo de ocho meses para el cual fueron electos los anteriores magistrados, pero la Asamblea Legislativa sigue sin decidir quiénes serán los nuevos encargados de fiscalizar la Hacienda Pública y la ejecución del presupuesto general de la nación.
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Esta situación era más que previsible y, aun así, los diputados siguen sin tomarse en serio una de las tareas más importantes que la Constitución les ordena: elegir funcionarios. Aunque hasta ahora la CCR no nos ha causado ninguna grata sorpresa en su trabajo y ha seguido en la pasividad, inercia y hasta complicidad en la que se ha encontrado sumergida en las últimas décadas, no deja de preocuparnos el hecho que la Asamblea sigue apegada a la costumbre de no elegir funcionarios en el tiempo que corresponde, como si eso no tuviera consecuencia alguna; la tiene.

Además de carecer de un mecanismo objetivo que garantice la elección de los mejores perfiles para un cargo, a los diputados también les falta conciencia sobre los problemas que acarrea una elección fuera del tiempo programado para que los nuevos funcionarios tomen el mando de las instituciones; y les falta conciencia sobre la responsabilidad que ello genera.

Una elección tardía retrasa el trabajo que le corresponde a cada institución. Al presidente de la CCR le corresponden básicamente todas las funciones administrativas de la entidad, por lo que todo el trabajo interno puede verse paralizado por la falta de nombramiento de este funcionario.

Además, los tres magistrados a nombrar también componen la cámara de segunda instancia de la CCR, la cual es la encargada de los recursos de revisión y apelación en los juicios de cuentas, así como cualquiera que señale la ley. Todo esto se verá igualmente retrasado, agudizando la mora que ya traen a cuestas.

Estos retrasos en la elección de funcionarios resultan aún más preocupantes cuando se acerca la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia del año 2018, en específico de las cuatro personas que conformarán la Sala de lo Constitucional.

En los últimos ocho años ha sido esta Sala la encargada de controlar el poder político en El Salvador y sin perjuicio de si hemos estado de acuerdo o no con el contenido de sus fallos, no podemos desconocer que ha sido una institución con independencia de criterio de los distintos órganos del Estado; algo fundamental en una democracia. También se ha mantenido activa en sus labores y no ha caído en la desidia o inercia en que han caído otras instituciones como la Corte de Cuentas de la República.

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional tienen a su cargo la resolución de los procesos de amparo, inconstitucionalidades y hábeas corpus que ante ellos se presenten. Un retraso en su elección, además del aumento de los casos pendientes y mora judicial, tendrá como consecuencia el silencio judicial en temas relevantes para la ciudadanía y para el país.

Un retraso en su elección podría dar lugar a que no existiera una instancia jurisdiccional capaz de controlar la elección del próximo fiscal general o las irregularidades en la elección presidencial de 2019 que el Tribunal Supremo Electoral no pueda o no quiera conocer. Es preocupante.

Además, la Corte Suprema de Justicia contaría con cuatro votos menos para los juicios de enriquecimiento ilícito, el impulso de las investigaciones de probidad, la depuración judicial, entre otras labores de gran trascendencia para el combate contra la corrupción.

No nos cansamos de exhortar a la Asamblea Legislativa que cumpla su obligación constitucional de elegir funcionarios para dirigir las distintas instituciones estatales; deben elegir bien y deben hacerlo en el tiempo que corresponde.
 

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