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Así se formaliza al sector informal de nuestra economía

Se vuelve imperativo de una vez por todas la ampliación de la base tributaria.

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Carlos Miguel Rivas Carrillo - Abogado, representante legal de AESAL

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El informe de resultados de la Encuesta Nacional de la Micro y Pequeña Empresa desarrollado por CONAMYPE en 2017 nos muestra que a esa fecha existían alrededor de 317,795 unidades económicas de las cuales el 33.92 % es clasificado como emprendimientos, mientras que el 60.76 % de las unidades económicas lo constituyen microempresas y solo el 5.32 % son pequeñas empresas; por otra parte, la pyme ocupa un total de 854,732 personas de las cuales el 54.16 % son mujeres y 45.84 % son hombres.

La pandemia de covid-19 y sus efectos adversos a la economía nacional son conocidos por todos, en atención a eso el Gobierno de El Salvador junto a representantes de la empresa privada presentaron el 23 de abril un programa de apoyo económico que beneficiará a una cantidad considerable de sectores económicos, entre estos, al sector informal y emprendimientos, estos últimos cuentan con un peldaño complicado a superar para poder optar a los beneficios gubernamentales, ya que en la práctica deberán formalizarse.

Desde muchísimos años atrás recuerdo que gobierno tras gobierno ha fallado tratando de implementar diversos programas de formalización para ese 75 % de nuestra economía que se desarrolla en el submundo de la informalidad, muchos por conocidas razones. Como un mecanismo alternativo y efectivo para combatir ese fenómeno, la OEA en su sesión regular número 80 desarrollada en México en 2012, por medio de su Comité Jurídico Interamericano (el cual dentro de sus integrantes contaba con un representante del Estado salvadoreño), aprobó la creación de un modelo de formalización denominado "Sociedad por Acciones Simplificadas", el cual en palabras sencillas y prácticas permite la formalización por medio de un documento privado que ciertamente deberá cumplir algunas formalidades legales, dichas formalidades en ningún caso son comparables al proceso actual oneroso y complejo que se debe desarrollar para dar el importante paso a la formalización.

Es curioso cómo países que ahora cuentan con un ecosistema emprendedor maduro y un alto porcentaje de tributación de parte de su población decidieron implementar la Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S.) en su regulación, muy cerca de nosotros tenemos los ejemplos de Colombia, Argentina, México, Ecuador –en Francia existen desde 1995–, Chile, Uruguay, Brasil, una de las particularidades de las S.A.S. es que en muchos de los países antes mencionados su proceso es gratuito y online fomentando así la formalización desde el primer momento que se decide emprender, accediendo así a beneficios sociales y previsionales, capital de trabajo a tasas de interés de mercado, entre otros.

Desde 2018 junto a la Asociación de Emprendedores de El Salvador (AESAL) he tratado infructuosamente de colocar en la agenda pública y política la adopción de la figura jurídica de la Sociedad por Acciones Simplificadas, así como de otras figuras que fomentarían desde la formalización hasta la creación de medios alternos de financiamiento tan necesarios en nuestras economías latinoamericanas, lastimosamente por falta de visión y voluntad política nunca llegó a buen puerto esta iniciativa.

Ahora que la pandemia ha llevado a prácticamente detener la actividad económica en nuestro país los ingresos de las arcas públicas se verán mermados como nunca en su historia, razón por la cual se vuelve imperativo de una vez por todas la ampliación de la base tributaria, la coyuntura nos brinda un momento valiosísimo que nos permite crear e implementar un verdadero plan de formalización que permita desde generar una mayor recaudación fiscal, pasando por la creación de productos y servicios para ese sector, llegando hasta la generación de políticas públicas que tendrán mejores impactos ya que se contaría con información cierta y válida, no proyecciones, muestras, supuestos o estimados, se generaría una cantidad ingente de datos que podrían ser estudiados y sistematizados por el sector gubernamental, academia, sociedad civil, entre otros, estoy seguro de que encontraríamos información muy reveladora.

De acuerdo con la información compartida por el Gobierno de El Salvador, se destinarán $600 millones para préstamos a las mipymes, siendo $100 millones para apoyo directo al sector informal, otorgándoles en muchos casos la primera oportunidad de contar con financiamiento para capital de trabajo a tasas de interés de mercado regulado sentándose así las bases, con un plan masivo de formalización a cambio de financiamiento, de un proceso cierto de inclusión financiera y bancarización ya que no debemos olvidar que solo un tercio de la población salvadoreña se encuentra bancarizado.

La implementación de este proyecto conlleva el involucramiento de diversos entes gubernamentales y de la sociedad civil así como de organismos multilaterales, en cuanto a estos últimos con conocimiento de causa puedo compartir que uno de ellos se encuentra totalmente listo, disponible y a la espera de la luz verde de parte del Órgano Ejecutivo para iniciar a trabajar en la implementación de un proyecto de formalización por medio de S.A.S., es así que surgen varias interrogantes que ojalá encuentren respuesta positiva en las próximas semanas: ¿se ampliará finalmente la base tributaria?, ¿se formalizará la mayor parte posible de ese 75 % que ya conocemos?, ¿aprovechará el GOES y la Asamblea Legislativa esta oportunidad de oro para crear una solución real para más de 2.1 millones de salvadoreños que conforman el ecosistema informal de la economía salvadoreña?

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Tags:

  • sector informal
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